En 26 años, 12.000 sindicalistas en Colombia fueron afectados por el conflicto armado. La escalofriante cifra fue presentada por la Unidad Integral para la Atención y la Reparación integral a  las Víctimas durante el encuentro regional sobre reparación colectiva al movimiento sindical.

Al respecto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, dijo que la cifra es el reflejo del genocidio del que ha sido víctima este sector.

“Refleja, de una parte, el genocidio que se ha aplicado al movimiento sindical en Colombia y de otra parte, la forma como se ha desplazado y puesto en el exilio a los trabajadores”, sostuvo Pedraza.

El líder gremial señaló que la mayoría de estos casos siguen en la impunidad por la falta de investigación de la Fiscalía. “También es preocupante que de los casos que tiene la Organización Internacional del Trabajo en la Fiscalía sobre asesinatos, solo dos o tres han sido sancionados, el resto se mantienen en impunidad. Eso es muy grave para nosotros, por lo tanto exigimos al Gobierno nacional celeridad en estos procesos ya que continúan asesinando sindicalistas”, dijo.

Arias aseguró que aunque en la actualidad se desarrollan talleres en la reparación de los sindicalistas, es tiempo de pasar a concretar las políticas públicas en este sentido.  “Ya eso se está haciendo a través de un programa que se ha estado desarrollando para la reparación de víctimas pero hasta ahora va en la fase de socialización con varios talleres. Una vez concluidos hay que internarse en el debate sobre cuáles van a hacer las políticas públicas para resarcir los daños”, explicó.

A su vez, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, expresó que el Estado tiene que tomar medidas para parar la violencia contra los agremiados.  

“La cifra es brutal, en ella hay casos de asesinatos, de desplazamiento forzado,  amenazas, exilio obligado. El Estado no puede continuar permitiendo esta situación de cara al movimiento sindical”, subrayó Gómez.

El Presidente de la CGT señaló que en la actualidad el Gobierno trabaja en la reparación individual y colectiva para garantizar el libre ejercicio de esta actividad.

“En la actualidad se discute la reparación individual a los familiares de los sindicalistas asesinados y otro es la reparación colectiva del movimiento sindical. Allí no estamos pidiendo dinero, lo que pedimos es garantías para el ejercicio de la libertad sindical, cárcel para quienes atenten contra ella y que volvamos por los fueros de tasas de sindicalización de la década del 70% donde llegábamos al 25%  de la población económicamente activa”, precisó.

Gómez dijo que no hay satisfacción sobre los resultados en materia de reparación en el caso de los sindicalistas. “Aún hay demasiado discurso y muy pocas realizaciones. Hay gente que no ha recibido una notificación para ser reparada”.

Compromiso estatal

En el encuentro, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que estas organizaciones han sido uno de los sectores más afectados por la violencia en el país.

“Los atropellos al movimiento sindical colombiano, en un trasfondo de graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, son de una gravedad inadmisible para la democracia”, señaló el Mandatario.

El Presidente señaló que es deber del Estado reparar al sindicalismo desde una perspectiva colectiva. “Es un deber legal establecido por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero es también un deber político y ético”, explicó en carta dirigida al movimiento sindical.

Por su parte, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, dijo que en este proceso se busca que la acción del Estado sea firme, de alto nivel, articulada, coherente, proporcional y pertinente con la gravedad del daño.

En el evento surgieron propuestas y planteamientos que van desde el reconocimiento social y político del movimiento sindical, como parte fundamental de un sistema democrático, el fortalecimiento de la organización, la autonomía de los sindicatos y la promoción de las garantías para el ejercicio de la libertad sindical, hasta la recuperación de prácticas culturales propias de la dinámica sindical, la reconstrucción de la memoria histórica, el retorno de sindicalistas exiliados y la recuperación psicosocial de las víctimas y sus familiares.

Así mismo, las propuestas y planteamientos giraron en torno a promover condiciones para elevar la tasa de afiliación sindical, una campaña que contrarreste la estigmatización a la que se han visto sometidos por años, actos de perdón y desagravio públicos y acciones decididas para combatir la impunidad por violaciones a los derechos humanos de sindicalistas en Colombia.

El encuentro fue presidido por la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Trabajo y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los trabajadores fueron representados por la CUT, la CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y organizaciones no gubernamentales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod), la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).