Por delitos de violencia sexual asociada al conflicto interno fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH adelantan la instrucción de ocho procesos, tienen vinculadas a 38 personas, han demostrado ante los jueces la responsabilidad de seis encartados y están al frente de dos casos en etapa de juicio.

Entre los procesados hay integrantes de la subversión y de las autodefensas, uno de cuyos grupos, el denominado Héroes de Gualivá, tiene a varios de sus antiguos miembros afectados con medida de aseguramiento por el secuestro y la violación de una de las dirigentes de una organización femenina.

El caso ocurrió el  21 de julio de 2003, cuando la víctima fue secuestrada por hombres armados en zona rural del municipio de Sasaima (Cundinamarca), quienes la llevaron hasta un sitio donde otros militantes del grupo ilegal la interrogaron, la tildaron de auxiliadora de la guerrilla, la sometieron a tratos indignantes y la accedieron carnalmente.

Posteriormente, la mujer abandonada por sus victimarios logró llegar a una carretera donde consiguió transporte hasta Puerto Salgar (Cundinamarca). Allí informó sobre lo acontecido a las autoridades. Tiempo después, tanto esa líder como sus familiares más cercanos ante las amenazas se vieron obligados a salir del país.

De acuerdo con la providencia de la fiscal instructora los procesados: Dorance Murillo Bohórquez, alias Jairo Chiquito, y Luis Alexander Beltrán Rivera, alias Arturo, son presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona protegida y desplazamiento forzado. Al caso recientemente fueron vinculadas otras cinco personas.

Por otra parte, un  caso ya juzgado es el de la enfermera rural Blanca Ludivia Hernández, quien el 8 de agosto de 2002 fue interceptada por integrantes del Frente 50 de las Farc en zona rural del municipio de Córdoba (Quindío). Una semana después el cuerpo de la mujer fue encontrado con múltiples heridas de arma contundente y cortopunzante y con señales de haber sido ultrajada.

La investigación de la Fiscalía estableció que la víctima, afiliada al Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) y líder comunal, fue señalada por los cabecillas de ese grupo como informante de la Ejército Nacional.

Por tal crimen el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá impuso 40 años de prisión a Gustavo Joanis Bedoya Martínez, alias Javier o Chocorramo. La juzgadora lo halló responsable, en calidad de coautor, de los delitos de homicidio en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida y rebelión.

En su providencia la juez señaló que: “Blanca Ludivia es otra víctima de la guerra. Esta mujer se convirtió en blanco militar”.