Un conceptode la Contraloría General sobre la reforma a la salud confirma que los recursos dejarían de ser públicos hasta tanto estuvieran en el fondo único y fueran trasladados a los gestores de salud, sostuvo la representante Gloria Stella Díaz.

Se trata, como ya lo había publicado EL NUEVO SIGLO del numeral X del artículo 4 del documento presentado por el Gobierno en el que se explica cómo se afectarían 18 procesos de responsabilidad fiscal por más de 3 billones de pesos.

“Esos procesos, en este momento los tiene la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría”, comentó la congresista.

Díaz afirmó que de aprobarse el Artículo como está “se pondrían en riesgo 10 actuaciones que adelanta la Contraloría delegada para el sector social por 348.950 millones de pesos”, según uno de los apartes del concepto de la Contraloría. 

Además, “se pondría en riesgo 41 indagaciones por 4.538 millones de pesos y 593 procesos por más de 506 mil millones de pesos, a cargo de la Contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva”.

Entre otras cosas indicó la Contraloría, se quedan sin piso 43 investigaciones penales que cursan en la Fiscalía y 104 procesos disciplinarios.

“Con el agravante de que quienes en este momento han sido escuchados en versión libre y tal vez ya han sido sancionados, pueden invocar el principio de favorabilidad”, agregó la congresista.

Es así que casos como el del presidente de Saludcoop, Carlos Palacino, podría reversarse al pedir principio de favorabilidad ante el fallo de la Procuraduría, que lo sancionó por más de 18 años.

“En el concepto se explica que esos recursos pierden cualquier tipo de investigación por cualquier organismo de control y lo más grave es que no se podrá investigar la administración de esos recursos sino que las investigaciones que se venían adelantando se caen”, adujo Díaz.

Además dijo, los procesos de investigación por responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría que son 1.7 billones de pesos no podrían continuar porque no había fundamento jurídico para hacerlo.

Al respecto, el ministro de Salud, Alejando Gaviria se refirió en su momento negando que se pretenda privatizar los recursos por lo que dicho texto presentado tendrá modificaciones.

“¿Qué nos daba miedo? Que la gente fuera a embargar a Salud-Mía, en la que están todos los recursos de la salud y se fuera a formar un trancón que paralizara el sector”, explicó el Ministro.

Agregó que “como los recursos los maneja Salud-Mía y solamente al final de la vigencia van a ser trasladados a los gestores, nos pareció sensato decir eso”, por lo que afirmó que luego de un diálogo con la Contraloría “vamos a quitar esa frase, porque ha generado más confusión y un exceso de suspicacia”.

Cabe recordar que la Contralora General, Sandra Morelli, dijo recientemente que tenía pendiente una investigación sobre la destinación de los recursos en el marco de la reforma a la salud.

“Preliminarmente hay normas que nos inquietan, estoy revisando con particular cuidado lo que tiene que ver con la naturaleza del recurso, al parecer, una vez se entrega el recurso al operador de salud se vuelve privado”, indicó recientemente la funcionaria.