El máximo tribunal venezolano ratificó una multa de más de dos millones de dólares contra Globovisión por la cobertura de una crisis carcelaria, aunque esta televisora muy crítica del gobierno asegura que la sanción no está confirmada hasta que termine otro juicio.

"Se confirma el fallo apelado y, en consecuencia, se mantienen los efectos de la Providencia Administrativa (...) para el pago de la referida multa con cargo a la sociedad mercantil Globovisión Tele", señaló el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sancionó a Globovisión al pago de esa multa por la cobertura en junio de una fuerte crisis carcelaria que dejó unos 30 muertos en la cárcel de El Rodeo, cerca de Caracas.

Según el organismo estatal, esa cobertura demostró "odio e intolerancia política" y causó "zozobra" en la sociedad.

Globovisión apeló la medida con recursos de nulidad tanto en el máximo tribunal como en la Corte Primera de lo Contencioso, un tribunal de Caracas donde a mediados de febrero se inició un juicio en el que también participa Conatel.

El consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, señaló que no han sido notificados de la resolución del TSJ pero que ésta "no necesariamente" significa que deben pagar la multa, ya que aún está pendiente el otro juicio.

"No es verdad que se haya confirmado la multa, porque esa multa no va a quedar confirmada hasta que no se resuelva el juicio de nulidad en la Corte Primera", declaró Antela en un programa de Globovisión la tarde del martes.

Globovisión ha señalado que sólo cuando haya una sentencia definitiva pagará la multa, que debía liquidarse antes del 1 de enero pasado.

Este canal acumula varias sanciones administrativas y ha sido amenazado de cierre por el gobierno de Hugo Chávez. El presidente del canal, Guillermo Zuloaga, actualmente en Estados Unidos, está acusado por la justicia de delitos de usura y asociación para delinquir.

Los responsables del canal aseguran que son objeto de una persecución política debido a su línea editorial. En cambio, el gobierno asegura que estas acciones responden a razones estrictamente legales./AFP