El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez celebró el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos en este sentido, pero insistió en la necesidad de nombrar un Gerente para que más allá del concurso de la Fuerza Pública, se garantice la inversión social.
Con beneplácito y gran expectativa recibió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de ordenar una intervención integral al puerto de Buenaventura, en jaque por la violencia que generan los grupos armados ilegales, reflejada en síntomas como las desapariciones, el desplazamiento forzado y los homicidios que en lo corrido de este año ya suman 54 casos.
El funcionario insistió en la necesidad de aplicar soluciones integrales que incluyan inversión social, y por eso celebró la orden del Jefe del Estado, para que además de un plan que liderará el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se involucre a la empresa privada a fin asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales que hoy son escasos (como irónicamente sucede con el acueducto), generar empleo y oportunidades de desarrollo a la comunidad de Buenaventura.
Otálora Gómez dijo que no obstante el esfuerzo de las autoridades para capturar a 83 integrantes de las estructuras criminales que promueven y protagonizan la violencia en esa ciudad, las violaciones a los Derechos Humanos de los pobladores persisten y se acentúan.
Más allá de los hechos recientes relacionados con asesinatos y situaciones de confinamiento, la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre la grave problemática de Buenaventura desde hace varios años. De ahí que el primer Informe de Riesgo fue emitido el 24 de diciembre de 2008, y a partir de él se han generado seis notas de seguimiento bajo la condición de alerta temprana, siendo la última de ellas la emitida el pasado 31 de Enero con copia a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas que coordina el Ministerio del Interior. Lamentablemente ese mismo día fue encontrado el cuerpo de una mujer sin extremidades, en uno de varios episodios que demuestran la instalación de prácticas como el desmembramiento y la tortura. De hecho, entre junio y octubre de 2013 se conocieron ocho casos de esta naturaleza, y el último sucedió hace apenas una semana, cuando fueron hallados los restos de un menor de edad que trabajaba como motorista de una lancha de pescadores, y de quien apenas se encontró el tronco en un sector del barrio Viento Libre.