Mientras el fiscal general, Eduardo Montealegre asevero que es posible encontrar una conexión lógica entre el delito político y el ejercicio del narcotráfico, “Es absolutamente posible que el narcotráfico pueda ser un delito conexo con el político”.
Argumentó que “la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa y es indiscutible que en el conflicto armado colombiano el narcotráfico ha sido utilizado como instrumento en la lucha armada por parte de la guerrilla”.
Por su parte, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez señalo que la pretensión de otorgar categoría de delito político al narcotráfico busca blindar jurídicamente a las Farc. Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas y evitar la extradición a sus autores.
Ordóñez explicó que a eso se agrega la posibilidad derivada del Marco Jurídico para la Paz, como se reconoce en la sentencia C 579 de 2013 de la Corte Constitucional, que el Estado renuncie a la persecución penal del lavado de activos, esto es, que se no se persigan las actividades orientadas a dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes del narcotráfico.
Añadió que las riquezas provenientes del narcotráfico deben ser entregadas por las Farc en su totalidad para la reparación de las víctimas.
El jefe del Ministerio Público concluye exponiendo que “el narcotráfico es un delito común de carácter transnacional ejecutado por las Farc con el fin de acumular inmensas riquezas, representadas en tierras, ganado, empresas, e inversiones y que circula clandestinamente en el sector financiero nacional e internacional. Tal acumulación, que nada tiene que ver con el altruismo que caracteriza el delito político, la reconoce hasta el propio presidente de la República al referirse a las tierras despojadas por ese grupo insurgente. El narcotráfico resulta incompatible con la esencia del delito político y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deben cumplirse para que una conducta se pueda considerar conexa con el delito político”.