Así lo aseguró el viceministro Miguel Samper, quien agregó que es necesario adoptar medidas concretas en materia de coordinación entre la justicia ordinaria y la ancestral.

 “En este momento, en el sistema carcelario del Inpec, contamos con 962 personas recluidas que pertenecen a comunidades indígenas; de estos, 700 han sido juzgados conforme a jurisdicción ordinaria y un poco más de 200 por la jurisdicción indígena. ¿Qué tratamiento se les está dando en los centros de reclusión? Pronto vamos a lanzar una licitación para el diseño de condiciones especiales que se deben tener en los centros penitenciarios para estas comunidades”, aseguró el Viceministro. 

Durante el Foro ‘Pluralismo Jurídico en las Constituciones Políticas’, en el que participaron representantes indígenas de Brasil, EE.UU., Bolivia, Argentina y México, entre otros, Samper manifestó que actualmente el Ministerio de Justicia adelanta un recorrido a nivel nacional con el fin de recoger elementos para un proyecto de Ley Estatutaria, que reglamente lo establecido en la Constitución respecto al reconocimiento de la justicia indígena y su debida coordinación con el sistema penal colombiano. 

“Este pluralismo jurídico, reconocido en una Constitución garantista como la que tenemos, debe llevarnos a un pluralismo práctico: no podemos quedarnos expresiones de decretos, leyes y jurisprudencia. Tenemos que llevarlo a la realidad”, aseguró Samper, quien puntualizó en que es necesario adoptar medidas concretas, por ejemplo, en los casos de los miembros de comunidades indígenas que están en centros de reclusión del Inpec.

En la intervención, el Viceministro Samper hizo un llamado a la participación activa de los 102 pueblos ancestrales en Colombia para la implementación del decreto Ley de reparación y restitución de tierras para pueblos y comunidades indígenas. “La clave de todo esto está en la participación. En este campo, los representantes de las comunidades indígenas ya vienen recorriendo un camino que no ha sido fácil. Deben ayudar a ejercer una veeduría sobre cómo se están implementando estas políticas”, dijo en el evento, en el que participan más de 250 líderes indígenas de 13 países. 

“Donde hay un pueblo o una comunidad indígena ha llegado el conflicto armado y ha dejado secuelas, qué papel deben jugar las comunidades indígenas en este proceso de transición. No nos digamos mentiras, si hay un grupo que ha sufrido en carne propia las secuelas del conflicto armado son los integrantes de pueblos indígenas y esto ha permeado todo el territorio nacional”, indicó Samper Strouss.

Y concluyó: “La justicia transicional no es solo justica penal, es dar un tratamiento preferencial a las víctimas, por ejemplo, en materia de reparación; Esto hay que aterrizarlo, y un gran avance en este liderazgo está en la ya sancionada Ley de Víctimas”.