Por la muerte de 38 soldados y las heridas que recibieron 9 militares más durante un ataque de las Farc a la Batería B del Batallón de Artillería de la Brigada No. 13, que se encontraba en jurisdicción del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, el 8 de julio de 1999, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y el Ejército.

De acuerdo con lo establecido, meses atrás, el comandante de la Batería B había recibido información de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero y de inmediato le solicitó al comandante del Batallón ayuda para afrontar la situación, porque no contaba con los medios necesarios para defenderse.

También se indica que la ayuda, no sólo de refuerzos sino también de armamento adecuado para poder enfrentar las amenazas de los grupos irregulares que operaban en el sector de Gutiérrez, fue solicitada en repetidas ocasiones tanto en forma radial como escrita.

Sin embargo, el Mayor encargado de atender los requerimientos consideró que el oficial y la tropa que componían la Batería B tenían mucho miedo y por ello los mandó a comprar las ametralladoras, proyectiles y todo lo demás requerido al almacén Ley para que se defendieran.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, encontró que los mandos superiores del Batallón de Artillería No. 13 no solo omitieron, como era su obligación, prestar el apoyo material y humano solicitado de manera oportuna y reiterada por los oficiales encargados de comandar la Batería B de dicho destacamento militar, sino que además los abandonaron a su suerte en los momentos más intensos de un combate con el enemigo.

“Tal conducta que no puede ser sino calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero, además de colidir abiertamente con los principios de honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando”, se señala en la sentencia.

La Sala explica que la conducta de los oficiales superiores refleja un desprecio total por el sagrado y fundamental derecho a la vida de todos aquellos soldados, suboficiales y oficiales que con ejemplar disciplina continuaron cumpliendo sus órdenes y con su deber, sin contar con los medios ni el apoyo para ello.