Luego de que aceptaran su responsabilidad en tres delitos: manipulación fraudulenta de especies, concierto para delinquir y estafa agravada, un juez de Bogotá anunció el sentido de fallo condenatorio para Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, los considerados tres cerebros del desfalco financiero de Fondo Premium e Interbolsa.

Por esta aceptación ellos podrían recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento en la condena, el próximo 21 de junio se conocerá el monto de ésta.

Los tres empresarios tienen otro proceso por el delito de no reintegro del dinero y por el que ya firmaron un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se comprometen a informar sobre algunos bienes y cuentas que tendrían en el exterior para reparar a las víctimas, además a declarar contra Víctor Maldonado en las audiencias de juicio.

El próximo 21 de julio se realizará la audiencia en la cual se conocerá el monto total de la pena contra los tres ex directivos, igualmente queda pendiente por aprobarse el principio de oportunidad que Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz firmaron con la Fiscalía.

Dicho beneficio pretende colaboración con la justicia y reparación para las víctimas a cambio de rebaja en la condena por el delito de no reintegro de dinero, a través de una nueva negociación con el ente investigador.

El principio de oportunidad habría sido negociado por uno de los delitos que no aceptaron, el de captación ilegal. Un estimado de  $320.000 millones fue desfalcado durante el descalabro financiero y todavía no hay certeza sobre eso.

El exfiscal Eduardo Montealegre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado.

Hace 14 meses un juez de Bogotá envió a la cárcel La Picota a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por ser los cerebros del Fondo Premium, que promovía y representaba Interbolsa en Colombia, y que fue utilizado para mover el dinero de miles de ahorradores, defraudándolos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el capital de quienes invertían terminó en cuentas y lujosos bienes en el exterior. Actualmente las víctimas reclaman cerca de $320.000 millones que habrían perdido tras las irregularidades cometidas por los empresarios.