La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos de la democracia, según lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al condenar al Estado colombiano por vulnerar los derechos del periodista Luis Gonzalo Vélez, quien fue agredido por militares mientras cubría manifestaciones contra fumigaciones de cultivos de coca en el departamento de Caquetá el 26 de agosto de 1996.

Dada la falta de acción de las autoridades y de las constantes amenazas, Vélez y su familia se exiliaron en Estados Unidos. Este caso fue llevado a la CIDH y en sentencia del 3 de septiembre de 2012, la corte reconoció que al periodista se le vulneraron los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la integridad personal, a la circulación y residencia y a la protección judicial.

Es importante resaltar que durante el proceso al periodista, la CIDH recibió tres intervenciones o Amicus Curiae por parte de la Universidad del Rosario, la Universidad de Palermo de Argentina y la Universidad de Valencia de España, con el objetivo de aportarle a los jueces de la CIDH, elementos de juicio en relación a la libertad de expresión, para que ellos pudieran tomar una decisión.

El Amicus Curiae, frase que traduce amigo del juez, es una acción ciudadana cuya función es señalar argumentos jurídicos aplicables a un caso de relevancia pública.