Condenan al Estado por agresión a periodista | El Nuevo Siglo
Viernes, 5 de Octubre de 2012

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Colombia por la agresión que sufrió el periodista Luis Vélez Restrepo en 1996 por parte del ejército y le impuso el pago de 324.000 dólares en reparaciones, según informó este viernes el organismo con sede en San José.

La sentencia estableció que el Estado colombiano es responsable de la agresión perpetrada por los militares contra Vélez el 29 de agosto de 1996, cuando éste filmaba una protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el suroriental departamento de Caquetá.

Dicha agresión "configuró una violación al derecho a la integridad personal del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo, su esposa Aracelly Román Amariles y sus hijos Mateo y Juliana Vélez Román", puntualiza la sentencia.

También constituyó una "violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión" de Vélez, en tanto que el incidente se produjo mientras él cumplía labores periodísticas para un noticiario local.

Posteriormente, el comunicador colombiano fue víctima de un intento de privación arbitraria de su libertad, así como de "amenazas y hostigamientos" en su contra y de los miembros de su familia.

"El Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de aquellos (el periodista y sus familiares) a través de la investigación de las amenazas y hostigamientos y de la adopción de medidas oportunas de protección con anterioridad al referido intento de privación de la libertad", según el informe divulgado por la Corte IDH.

Estos incidentes obligaron a Vélez Restrepo a salir de Colombia y a asilarse en Estados Unidos, mientras que su esposa e hijos debieron esperar cerca de un año mientras se aprobaban sus solicitudes de asilo, lo cual implicó un largo periodo de separación familiar.

En su parte resolutiva, los jueces de la Corte IDH condenaron al Estado colombiano a pagar un total de 324.000 dólares por daños materiales e inmateriales a los miembros de la familia Vélez Román, así como los honorarios profesionales de su abogado.

Los magistrados también establecieron otro tipo de reparaciones morales y judiciales, como la investigación a fondo de los hechos y el establecimiento de responsabilidades por las violaciones cometidas en este caso, así como la publicación de la sentencia.