Estos militares deberán pagar 372 meses de cárcel por el homicidio de Jhon Jairo Arango, en hechos ocurridos en febrero de 2005 en inmediaciones de Argelia, Antioquia.

La decisión del Juzgado Penal del Circuito de Sonsón, Antioquia, recayó sobre Herley Arias Mora, capitán del Ejército Nacional; Julio César Durán Rincón, suboficial del Ejército; Ramiro de Jesús Carvajal, soldado profesional y Alfredo Segundo Díaz Oquendo, soldado profesional, detenidos en la instalaciones del batallón Pedro Nel Ospina de Bello, y Jhon Jader Ortiz Higuita, soldado profesional, detenido en la cárcel El Pedregal de Medellín.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el 2 de febrero de 2005, en la vereda El Pital, área rural del municipio de Argelia, tropas de la Compañía Destructor 5 adscritos al Batallón de contraguerrilla No. 4 “Granaderos”, en cumplimiento de la operación que denominaron Ejemplar – Misión Táctica Epopeya, al mando del Subteniente Herley Arias Mora,  informaron de la presunta existencia de un enfrentamiento armado, donde falleció, mediante el cruce de disparos de arma de fuego, un presunto subversivo reportado inicialmente como NN.

Posteriormente la víctima fue identificada como Jhon Jairo Arango, quien según sus familiares era un campesino dedicado a las labores agrícolas.

Inicialmente la investigación fue asumida por la Fiscalía Seccional de Sonsón que el 7 de marzo de 2005, la remitió a la Justicia Penal Militar, al considerar que los hechos se relacionaban con actos del servicio.

A su vez la fiscalía 22 de la Unidad Nacional, por decisión del Fiscal General, asumió el conocimiento el 4 de septiembre de 2006, situación que llevó a que el Consejo Superior de la Judicatura, al resolver un conflicto de competencias el 7 de marzo de 2007, asignara la investigación a la justicia ordinaria en cabeza de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.

Tras asumir la investigación, el fiscal del caso profirió resolución de acusación en contra de los militares el 31 de agosto de 2012 como coautores del delito de homicidio en persona protegida, decisión que fue ratificada el 14 de noviembre de 2012 por un Fiscal Delegado ante Tribunal Superior de Bogotá.