Por apropiación ilegal de 950 millones de pesos que hacia parte del presupuesto para ampliar cobertura escolar, fueron condenadas 12 personas.
Un Juez especializado de Cali acogió los argumentos de la Fiscalía y condenó a 12 personas, entre ellas dos ex concejales de esa ciudad, por la apropiación ilegal de 950 millones de pesos, que hacían parte del presupuesto asignado por la Alcaldía en el 2004 para ampliar la cobertura escolar en los sectores más deprimidos de la capital del Valle.
En la investigación, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción determinó que las entidades educativas que actuaron como contratistas presentaron estados financieros basados en documentos que no cumplían con los requisitos legales exigidos, con el propósito de justificar fraudulentamente los gastos y así obtener los pagos por parte de la Secretaría de Educación de Cali.
La Fiscalía también descubrió que los docentes contratados por esas entidades debían firmar recibos de nómina en los que acreditaban recibir como sueldo cifras superiores a las que verdaderamente devengaban. Por es razón, el fiscal del caso concluyó que hubo una división del trabajo, la comisión de varios ilícitos y la permanencia en el tiempo de una estructura ilegal, creada con la finalidad de vulnerar varios derechos jurídicamente tutelados. Por los hechos investigados, el Juez condenó a los procesados por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Los afectados por la decisión son: Martha Lucía Guzmán Londoño, Víctor Hernán Quesada Londoño y Ana Lucía Torres Gutiérrez, directivos de las entidades contratistas, condenados a siete años de prisión. María Hilda Ángel Murillo y Jaime Eduardo Mosquera, contratistas; Alexánder Cerón, ex asesor de la Secretaría de Educación de Cali, y Mauricio Mejía López y Luis Mario Cuervo Villafañe, ex concejales de Cali, sentenciados a cinco años y seis meses de prisión. Finalmente fueron condenados: Gloria Patricia Recalde Folleco, Diana Paola Valdés Cortés y Esperanza Aranzazu Orrego, empleadas de las empresas contratistas, y Walter Fernando Trejos, particular que actuó como tramitador, quienes deberán purgar una condena de cuatro años de prisión.