Por los delitos de peculado por apropiación y contratación ilegal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentenció a Ariel Isaías Artega Díaz y Jaime Torralvo Suárez, ex gobernadores de Córdoba, el primero como encargado y el segundo como titular, a 114 meses y 102 meses de prisión, respectivamente.

De acuerdo con la sentencia, cada uno de los condenados pagará 1.944 millones de pesos, por concepto de perjuicios materiales derivados del delito de peculado por apropiación, además, les fue impuesta una sanción económica individual de 2.016 millones de pesos.

La Fiscalía asumió en 2010 la investigación por convenios interadministrativos suscritos en 2007 por Torralvo Suárez, mandatario titular, y Arteaga Díaz, encargado, con el municipio de Ciénaga de Oro, para cofinanciar ocho obras civiles en zonas rurales que incluían el microacueducto del corregimiento El Siglo y sus veredas vecinas.
Según lo establecido por las autoridades, las obras contratadas fueron entregadas de forma irregular, unas presentaban fallas, otras estaban inconclusas, “ son deficientes, inservibles, no cumplen ninguna finalidad, por lo tanto no resulta difícil concluir que el patrimonio público sufrió un importante daño”, argumentó la Fiscalía.

Igualmente, sostuvo la Fiscalía, “ se advierte que la Gobernación financió el valor total de la construcción del microacueducto del corregimiento El Siglo y que ninguna de las obras contó con la supervisión de esa entidad territorial, ni con la interventoría que tanto ésta como el municipio se comprometieron a contratar”.

En cuanto al delito de peculado por apropiación, el fiscal delegado ante la Corte a cargo del caso señaló que la Gobernación de Córdoba entregó para la ejecución de las obras 2.693 millones de pesos a la Alcaldía de Ciénaga de Oro, y que ésta tenía el compromiso de aportar 145 millones de pesos, obligación que nunca se cumplió. En septiembre de 2011 un dictamen del CTI señaló que las obras del acueducto no se han ejecutado.

Según el experticio, las obras objeto del convenio no están funcionando y se caracterizan por su mala calidad, por el desconocimiento de normas técnicas y por su deterioro, al punto de que algunas generan serios riesgos para la comunidad por lo que se concluye que el valor de aquéllas se considera como objeto material del peculado.
Arteaga Díaz fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, y Torralvo Suárez por motivos de salud está en reclusión domiciliaria en Montería.