Según el juez primero especializado de Cundinamarca, los uniformados son responsables por la desaparición y muerte de cinco jóvenes que vivían en Soacha y que luego fueron presentados como muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.

Los hechos ocurrieron en el 2008, cuando los jóvenes fueron reclutados mediante engaños y promesas de trabajo por fuera de Bogotá. Dentro de las víctimas se encuentran Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, de 7 años de edad declarados como crímenes de lesa humanidad.

A los uniformados les espera una condena por los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.