El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería (Córdoba) condenó a 12 años, 6 meses y 15 días de prisión al juez promiscuo de Planeta Rica (Córdoba) Ángel Darío Aycardi Galeano por ordenar el pago de 64 mil 900 millones de pesos en 11 procesos ejecutivos laborales de reconocimiento de pensiones del magisterio en este departamento.

El funcionario deberá además pagar al Estado colombiano 25 mil millones de pesos de multa por los daños causados, ya que tramitó procesos de competencia exclusiva de los juzgados laborales como lo son los temas relacionados con el Fondo Nacional del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A.

“Adulteraban o falsificaban procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes, con los que se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora”, aseguró el ente acusador”, agregó.

La Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación lo acusó de ordenar el embargo de cuentas del Estado lo que está totalmente prohibido por la ley.

El fiscal encargado de la investigación agregó en la audiencia de formulación de cargos que se logró evitar el desembolso irregular de 400 mil millones de pesos con el mismo sistema.

El juez Aycardi Galeano responderá en prisión por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público agravado por su uso, prevaricato por acción, peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía y tentativa de peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía.

En la formulación de imputación se había allanado a los cargos y como consecuencia de ellos fue beneficiado con un descuento del 50 por ciento de la pena calculada inicialmente en 25 años de cárcel. En el mismo proceso se han formulado 13 imputaciones a otros involucrados.

El fiscal sostuvo que “en Colombia como en cualquier país civilizado, los dineros del Estado son sagrados. Son dineros que no se le pueden hurtar a los colombianos, lo que configura una conducta y modalidad gravísima por parte de estas personas, quienes hacen parte de una organización verdaderamente criminal”. Los detenidos fueron enviados a una cárcel de Corozal (Sucre).