El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a indemnizar a un joven que prestó el servicio militar como soldado bachiller y que sufrió una pérdida parcial de su capacidad auditiva producida por el ruido de los disparos de polígono cuando recibía entrenamiento.

El hombre ingresó al Batallón 21 Vargas, con sede en Granada (Meta), el 24 de julio de 1998, y un mes después comenzó a presentar problemas en los oídos durante la instrucción militar.

Los médicos le diagnosticaron una hipoacusia neurosensorial bilateral, es decir, pérdida de la audición.