Trabajar de manera articulada entre el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, con el propósito de crear una agenda legislativa para Bogotá y compartir ideas, en aquellos aspectos en los que se relacionan las Corporaciones, planteó la presidenta del Cabildo bogotano, Maria Clara Name Ramírez.

La propuesta que fue bien recibida por los congresistas se hizo en la plenaria del Senado, durante la intervención de la Concejala Name Ramírez, que atendió una invitación formulada por el presidente de esa corporación, Roy Barreras Montealegre.

En su intervención, la cabildante María Clara Name Ramírez manifestó total disposición para trabajar por la ciudad y destacó la función de control político propia del Concejo de Bogotá y “la importante labor de diseño legislativo que realiza el máximo y único órgano del poder legislativo de Colombia”.

“Son muchos temas legislativos en los que el Congreso y el Concejo de Bogotá deben coincidir, con el propósito común de hacer de Bogotá una ciudad modelo para el país”, afirmó la presidenta.

Así mismo, la concejala Name Ramirez destacó que en el Distrito Capital, desde el año 1993, “nos rige el Decreto Ley 1421, el cual ha perdido actualidad y sintonía con nuestra solidaridad de ciudad, y cada vez más, amerita un análisis profundo su revisión. Este debería ser un punto que nos gustaría dejar planteado hoy aquí entre ustedes senadores”, puntualizó.

La presidenta del Concejo de Bogotá dijo que Bogotá ya no es una ciudad sino que cada vez más se convierte en una Región, cuyos problemas y oportunidades deben contar con la participación de los gobiernos y organismos colegiados que la componen.

Name Ramírez planteó que Bogotá requiere, además, que las mega obras de infraestructura cuenten con el aval del Gobierno Nacional y con la participación financiera de La Nación. Para esto el Congreso de la República podría simplificar la reglamentación de las normas y así beneficiar la ciudad.

Igualmente propuso la elección popular para los alcaldes locales de Bogotá y cuestionó “si el nombramiento de los alcaldes locales debe continuar como una potestad del Alcalde Mayor, o si es conveniente para la democracia y para la descentralización política de la ciudad, la elección popular de estos funcionarios, lo cual coincidiría profundamente con el espíritu de la Constitución de 1991”.