En la acción de nulidad interpuesta por Ramírez, se argumenta que el Gobierno Nacional desconoce los principios constitucionales de la movilidad del salario y el poder adquisitivo del trabajador, donde el SMMLV debió ser aumentado al menos un 7.26% y no el 7% definido por el decreto.

Según el cabildante de Opción Ciudadana, toda persona tiene derecho a un salario justo, y el aumento determinado por el Gobierno es mezquino, miserable y humillante, y va en detrimento de la economía de los hogares colombianos, en especial de los trabajadores de más bajos ingresos.

Finalmente, el Concejal de la Familia espera que este porcentaje sea revisado, pues de no ser así, los trabajadores y sus familias, estarían sufriendo una pérdida irreparable en su ya exiguo poder adquisitivo.