La Contralora General, Sandra Morelli Rico, presentó hoy una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil, para lograr el efectivo resarcimiento del daño al patrimonio del Estado causado por las sociedades del Grupo Nule, de manera que se pueda levantar el velo empresarial y perseguir los bienes de los socios.

La acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la  Fiscalía General de la Nación.

Con esta acción, la Contralora Sandra Morelli Rico busca la protección de los derechos fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia en conexidad con el deber de Cooperación Armónica de los poderes públicos del Estado, el Debido Proceso y la Igualdad.

El mecanismo de amparo constitucional es solicitado por la Contraloría como MECANISMO TRANSITORIO, a fin de evitar un perjuicio irremediable, ante la violación a los derechos de los que es titular el Organismo de Control y ante las gravedad de los efectos que acciones y omisiones de las entidades accionadas, han causado en el ejercicio del Control Fiscal para la protección del patrimonio público, en el caso del Grupo Empresarial NULE.

La siguiente es una breve reseña del contenido de la petición:

 A pesar de que han sido de conocimiento general no sólo los procesos sino los fallos que consolidan la responsabilidad penal de los señores Manuel Nule,Miguel Nuley Guido AlbertoNule, por conductas típicas contra el Patrimonio Económico, traducidas en condenas privativas de la libertad, los bienes de los socios (personas y bienes aún indeterminadas) no han podido ser perseguidos para el efectivo resarcimiento del daño al patrimonio público causado al Estado. 

Esto se ha dado por cuanto, no obstante la declaración de alrededor de 15 sociedades como un verdadero Grupo Empresarial en control de los Nule, las acciones de investigación y de medidas para evitar la elusión de bienes no han podido pasar de los patrimonios ilíquidos de dichas sociedades en virtud de la existencia de la figura jurídica “Velo Empresarial”, que no permite ir más allá de la persona jurídica, dejando sin posibilidad de perseguir bienes de socios. Ninguna de las autoridadesaccionadascon competencia legal para levantarlo, lo ha hecho.

Estas autoridades,como el Honorable Tribunal de Cundinamarca, han omitido la petición de “levantamiento del velo corporativo” dentro de una Acción Popular instaurada por la Contraloría General de la República – la cual completa dos años sin que se haya pasado de la primera Audiencia de Pacto de Cumplimiento, la cual además no se realizó-. Se ha rechazado sin ninguna motivación, bajo el argumento de no obrar prueba para ello, aun existiendo la facultad para esta autoridad judicial contenida en la Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción.

De otro lado, la Contraloría General de la República también inicio procesos ante la Superintendencia de Sociedades, que pese a la evidencia de la situación injustificada del estado patrimonial de las sociedadesdel Grupo Nule, continúa sin librar la medida de levantamiento de Velo Corporativo, que se deriva de manera expresa de la Ley 1450 de 2011.