Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

Acudiendo a las normas sobre participación, hoy se va a radicar en la Registraduría una solicitud de recolección de firmas para que los ciudadanos muestren su apoyo al proyecto de ley que crea una categoría para el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas como Uber y otro grupo de aplicaciones que ya funciona en el país.

Es novedoso en el país lo que se pretende hacer al dar la posibilidad a los ciudadanos de respaldar un proyecto de ley, a pesar de que desde 1994 la Ley 134 que regula los mecanismos de participación establece en su artículo 2 que “la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo con los concejos municipales o distritales y de resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales”.

En realidad esta iniciativa que hoy despega en la Registraduría con la solicitud de recolección de firmas no pretende presentar un proyecto de ley sino respaldar uno que ya está en curso en el Parlamento. Se hace a través de la Registraduría para que valide las rúbricas que se logren recolectar en todo el país.

En noviembre del año pasado, una decena de senadores y representantes a la Cámara de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y el Centro Democrático radicaron un proyecto de ley (126/15 Senado) por medio de la cual se crea el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas y se dictan otras disposiciones. Transporte privado y plataformas tecnológicas, Uber.

La iniciativa está en manos inicialmente de la Comisión Sexta del Senado, en donde se encuentra a la espera de la ponencia para primer debate.

El proyecto de ley tiene por objeto crear el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas, generar alternativas para mejorar la movilidad y la calidad de vida en las ciudades, la utilización eficiente de los recursos, la reducción del tiempo de desplazamiento y la utilización de tecnologías que contribuyan a la gestión del tráfico, y establecer los principios y parámetros que deberán seguir las personas naturales y jurídicas interesadas en prestar este servicio.

En los últimos dos años ha sido polémica la creciente participación del servicio Uber en el mercado del transporte individual de pasajeros, hasta ahora dominado por los taxis, el cual mediante una plataforma tecnológica permite al usuario contactar un vehículo que lo recogerá en su casa en pocos minutos.

Aunque se trata de un servicio privado que no lo puede pagar todo el mundo, los taxistas sienten que es una competencia ilegal; al tiempo que Uber, el dueño de la plataforma tecnológica, asegura que no es ilegal sino que  hace falta regularlo.

Ya algunos grupos de taxistas han acudido a las vías de hecho intimidando en la vía pública a los conductores del servicio Uber a través de persecuciones, cerramientos e incluso obligando a los pasajeros a bajarse.

Esto sucede a pesar de que en noviembre pasado, el Gobierno nacional produjo un decreto que le da seis meses a las empresas que presten el servicio de lujo para ajustarse a la reglamentación.

Como consecuencia, los taxis de lujo deben afiliarse a una empresa que debe certificar a los conductores; los vehículos se identificarán por el color negro con una banda lateral y ser de alta gama.

Además, el decreto deja en cabeza de cada municipio del país establecer el número de taxis de lujo que podrán participar.

La iniciativa

La iniciativa sobre recolección de firmas surgió de un grupo de ciudadanos con el fin de pedirle al Congreso que establezca una regulación de las plataformas tecnológicas que a su juicio están facilitando el servicio de transporte privado.

Aunque de lo que se sabe se trata de una iniciativa de usuarios y conductores, Uber está respaldándola y se busca que todos los colombianos que están usando plataformas de servicios privados de transporte puedan expresar su respaldo al proyecto de ley que hace curso en el Congreso, el cual busca crear una categoría de transporte privado por medio de aplicaciones, que es diferente al servicio público de taxis.