Porque supuestamente no se brindaron las ayudas económicas establecidas en los contratos a los desplazados que durante cuatro meses ocuparon el parque Tercer Milenio en 2009, la Contraloría de Bogotá encontró méritos suficientes para abrir juicio de responsabilidad fiscal por 1.500 millones de pesos a la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la fundación Proactiva.
El convenio suscrito entre el Distrito y Proactiva en junio de 2010 era para beneficiar a 907 familias desplazadas. Sin embargo a mayo de 2011, fecha en la que se cumplió el plazo de ejecución del convenio, se entregó la ayuda a 196 familias, es decir, el 22 por ciento. No obstante, se giró el 90 por ciento de los recursos por parte del Distrito.
Otro de los hallazgos más relevantes que encontró la Contraloría de Bogotá al convenio de asociación 0974 de 2010, consiste en que Proactiva entregó a varios desplazados cheques sin fondos, de las mismas cuentas de funcionarios de Proactiva para financiar proyectos productivos.
En este sentido, el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, explicó que “hay casos de personas que les giraron 6 millones de pesos y otras que les dieron cheques sin fondo. Ahora estas familias no pueden acceder a otro subsidio porque figuran como beneficiarios de otros recursos”.
Igualmente se logró establecer que Proactiva suscribió actas de entrega de subsidios a desplazados en las que les giró recursos superiores al valor autorizado en el convenio que era de ($1.500.000) y a su vez entregó a otros beneficiados recursos inferiores a los pactados.
Del presunto detrimento por 1.500 millones de pesos, 1.400 millones de pesos no se encuentran soportados, es decir, era para ayuda de los desplazados pero hoy no se tiene certeza de dónde están; 19 millones de pesos que se entregaron a algunos beneficiarios del convenio; 43 millones de pesos para visitas de capacitación a los beneficiarios de las cuales se realizaron 4.500 de 14.000 pactadas.
El problema es grave porque Proactiva se encuentra en proceso de liquidación, lo cual dificulta determinar dónde se encuentran los dineros. Igualmente en este momento estos desplazados no pueden acceder a ningún otro subsidio por cuanto figuran en las bases de datos como beneficiarios de recursos.