Además hay un pronunciado populismo punitivo.

Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO

COLOMBIA SE ha distinguido por ser un país de leyes. Bueno, ese es el enunciado optimista. Uno más realista diría que es un país leguleyo. Lleno de leyes que no se cumplen.

A veces no se cumplen por estar mal redactadas y prestarse para todo tipo de interpretaciones. Así se lo explicó a EL NUEVO SIGLO un profesor de Derecho que prefirió el anonimato: “Cuando un legislador elegante, que no desea repetir expresiones ya utilizadas en el texto, recurre constantemente a sinónimos que generan dudas de comprensión en el intérprete, o expresiones polisémicas”, pues “tienen más de un significado”, se crean vacíos legales que obligan a la necesidad de expedir circulares y resoluciones que interpreten la norma en uno u otro sentido”.

Cuando Álvaro Gómez enunció su propuesta para un Acuerdo sobre lo Fundamental, en los días en que los colombianos con entusiasmo se aprestaban a emprender el camino de redactar una nueva Constitución, ubicó en lugar privilegiado la máxima de que si las leyes eran malas y se llegaba al consenso de que había cambiarlas, pues se cambiaban, pero que era necesario acordar el cumplimiento de la ley existente, porque si no nada garantizaba que se cumpliera la nueva.
Hasta el día de hoy nadie le ha hecho caso.

Esta semana, un sobrino suyo, el representante Miguel Gómez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), puso sobre la mesa el tema, considerando que es alarmante la cifra de leyes, decretos, resoluciones y sentencias que existen luego de la promulgación de la Constitución de 1991. “En Colombia hay 1.477 leyes desde el 91, lo que significa 152 por año y un promedio de una Ley cada 3 días. Esto es desproporcionado, pues muchas de ellas no se cumplen y las que siguen vigentes desde antes de la Carta es casi el doble”, calculó Gómez.

“Además de tantas leyes, en 20 años se han expedido 148 decretos por año, es decir uno cada 2 días. Y ni hablar de las resoluciones: la DIAN es la institución que más ha expedido, con más de 1 al día y un promedio de 414 al año”, expresó el congresista.

“Estamos frente a una verdadera inflación legislativa galopante, que atropella el desarrollo civilizado de los colombianos que no pueden desarrollar sus actividades si no están a tono con la normatividad que a diario se expide por parte del Establecimiento”, agregó el legislador.

Ya en 2009, de acuerdo con un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), realizado en ese año, consignó que “al igual que le sucede a la mayoría de los países de América Latina, Colombia también sufre del mal conocido como inflación legislativa”.

Para el abogado huilense Carlos Mauricio Iriarte, “se le llama inflación porque produce las mismas consecuencias que la monetaria: desvaloriza. Entre más cantidad de normas circulantes menos valor tienen ellas, menos son apreciadas, más baratas. También se parece este fenómeno al del exceso de vehículos en nuestras calles: causan trancones exasperantes, nos hacen maldecir, irritarnos, tratar de pasar por encima del sardinel”.

A este mal se le suma, si es que no hace parte de él de todas maneras, el populismo punitivo, consistente en proponer constantes reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, haciéndole creer a la comunidad que endureciendo los castigos se disminuirá la comisión de delitos. Es el caso de la, afortunadamente, herida de muerte iniciativa de convocar a un referendo para establecer la cadena perpetua en Colombia.

El senador nariñense Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, fracasó hace unos años al promover un proyecto de Acto Legislativo que impediría que la llamada reformitis estuviera más en los órdenes del día de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.

“He creído necesario reformar el artículo de la Constitución que habla del debido proceso para introducirle allí la constitucionalización de la política criminal, en el sentido de que el Estado debe tener como tal una política criminal, que sirva como un marco de referencia para que el Congreso y los colombianos sepan cómo es que se va a actuar frente a las actuaciones delictivas”, manifestó entonces; y agregó: “Siempre me ha preocupado que en el Congreso haya una proliferación de leyes con el proyecto de ley que modifica el Código Penal, que es un estatuto armónico”.

“Estas medidas suelen ser populares, pero su eficacia es pobre y tienden a agravar muchos problemas, como el hacinamiento carcelario”, opinó el jurista Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudio Dejusticia.

En mayo pasado, el presidente Juan Manuel Santos conminó al Congreso a dedicar todo un período legislativo para estudiar las leyes obsoletas y eliminarlas: “De pronto, podríamos pensar en dedicarle unos tres meses. Que el Congreso se dedique solamente a estudiar aquellas leyes que ya no se necesitan. Así como los trámites inútiles, las leyes inútiles”.

Para el representante bogotano Germán Varón, de Cambio Radical, “hay una serie de normas que ya son inocuas, que generan trámites ineficientes, y me parece válida la iniciativa. Tiene toda la razón el Presidente en proponer que se eliminen”.

También el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, secundó la idea, porque “hay leyes que han perdido total vigencia”.

“Hay una cantidad” de normas “que deben ser derogadas porque este país está atosigado de leyes”, expresó el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador.

Pero este remedio no va a ser suficiente.
Según la CEJ, entre las causas del problema está “la ausencia de una técnica legislativa bien establecida”.
Y para el abogado Iriarte “es forzoso implantar la formación jurídica de nuestros niños”; podríamos agregar que esa formación la requieren, con urgencia, los legisladores.