A pesar del receso legislativo se calentó nuevamente el debate sobre la permanencia o no del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, la Comisión Primera de Senado retomará el debate en marzo desde el punto en que quedó en Cámara, es decir solo con la eliminación de la sala administrativa de este Tribunal, en el marco del trámite de la reforma a la justicia.

El viernes anterior se levantó un nuevo manto de duda sobre el Consejo Superior de la Judicatura a raíz de un supuesto carrusel de pensiones al interior de este organismo y la investigación que adelanta la Contraloría General de la República a 21 magistrados y ex magistrados por 70 nombramientos, que le costarían al erario público cerca de 13 mil millones de pesos en reajustes pensionales injustificados.

Por medio de un comunicado el Consejo Superior de la Judicatura aseguró que “todas las actuaciones (...) fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal”.

Sin embargo el ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que “puede que el marco legal excepcional para las pensiones de los altos magistrados de las Cortes permita que una persona, que dura solo dos meses en su cargo -como lo denunció la Contralora- reajuste su pensión, pero no todo lo legal es ético. Es inaceptable e inconcebible proceder a utilizar la figura de los magistrados auxiliares para convertir esto en un carrusel de pensiones”.

Un par de semanas antes los presidentes de la sala disciplinaria y administrativa del Consejo Superior sostuvieron un público enfrentamiento que no dejó nada bien parado al Alto Tribunal.

El presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, dijo que la Sala Administrativa contrató con empresas cuestionadas por la Contraloría la remodelación  de varios palacios de justicia en diferentes regiones del país, además que hizo millonarias adiciones a 20 contratos en la última semana de diciembre pasado.

A lo que el presidente de la Sala Administrativa, Néstor Correa, replicó que no hubo irregularidades en la contratación y que las acusaciones de Villarraga podrían ser porque “nos solicitó en diciembre la creación de 1.006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a $150 mil millones anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado”.

La supresión

El objetivo del Gobierno nacional era eliminar de tajo el Consejo Superior de la Judicatura ante las denuncias sobre algunos actos de corrupción y politiquería.

Esa intención la consignó el Gobierno en el proyecto de reforma a la justicia que presentó a consideración del Congreso el año anterior, en el cual se suprimía el Consejo Superior de la Judicatura, el cual le daría paso al Consejo Superior Judicial, que se compondría de una Sala de Gobierno y una Gerencia de la Rama Judicial.

Sin embargo la Comisión Primera de Senado en el primer debate al proyecto de reforma a la justicia dejó con vida al Consejo Superior de la Judicatura.

Posteriormente, en tercer debate, la Comisión Primera de Cámara decidió ‘meterle mano’ al Consejo Superior de la Judicatura al eliminar la sala administrativa, encargada de administrar la rama judicial, y crear una sala de gobierno, que definiría las políticas de la administración de justicia y estaría integrada por 10 miembros, incluidos los presidentes de las altas cortes y delegados de los magistrados y jueces y de los empleados judiciales.

En cuarto debate la plenaria de Cámara avaló la creación de la sala de gobierno y la eliminación de la sala administrativa, lo cual también fue ratificado en la conciliación del proyecto de reforma a la justicia en Senado y Cámara en primera vuelta.

Sin embargo tras las denuncias el viernes pasado del supuesto cartel de las pensiones se revivió la idea de eliminar de tajo el Consejo Superior de la Judicatura.

En ese sentido el representante Alfonso Prada (Partido Verde), integrante de la Comisión Primera, dijo que “le pedimos a la Contralora que acelere rápidamente esas investigaciones para que entremos ahora en marzo a debatir sobre la vigencia o no del Consejo Superior, podamos tener un informe muy claro de qué es lo que está ocurriendo en esa entidad, eso es un llamado a un debate de verdad, de si debemos mantener nuestras instituciones. Hay que hacer una revisión profunda, tranquila y con mucha sensatez en compañía del Gobierno en relación con mantener o no esta entidad”.

En tanto que la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, señalo que “hay que hacer algo porque son muchas las quejas, tenemos muchas evidencias que tanto el órgano disciplinario como el órgano de administración, que en conjunto es el órgano de gobierno de la rama, no funciona.

Sin embargo agregó que el país no va a dar el paso de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, “eso es echar un paso para atrás, eso ya llevamos 20 años aplicando lo del autogobierno. Lo que pasa es que hay que mejorarlo. Entonces, para mí no hay una supresión real de la sala administrativa sino que hay un cambio por otra cosa muy parecida, que en mi opinión tiene algunos problemas que vale la pena analizar, por ejemplo, si los presidentes de las altas Cortes tienen tiempo y si es conveniente para el gobierno judicial tener la mayoría de sus miembros por un año no más. Eso hace que no haya planificación a largo plazo”.