Comisión especial para evitar falsos testigos | El Nuevo Siglo
Martes, 2 de Junio de 2015

"Los montajes judiciales aborrecen al Estado de Derecho y desconocen por completo los derechos de los ciudadanos", fueron las palabras del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo del ‘I Encuentro Nacional de Víctimas de los Falsos Testigos’, realizado este martes en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá.

En su intervención, el jefe del Ministerio Público advirtió el riesgo que significa a la institucionalidad y a toda la ciudadanía que funcionarios judiciales actúen por fuera de sus competencias  y de forma caprichosa o interesada pongan en riesgo el debido proceso y los derechos de las personas. “Se olvida que los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", advirtió. 

“Una justicia donde la presunción de inocencia dejó de ser la regla y el debido proceso se salta caprichosamente o por conveniencia del funcionarios judicial, no es justicia. Eso es un instrumento totalitario. Eso se convierte en un instrumento despótico, en una herramienta de persecución”, agregó.

El jefe del órgano de control recordó que la Procuraduría tiene la función de intervenir en procesos penales, siempre en garantía de los derechos y el debido proceso, pero no hace parte de sus funciones constitucionales tomar decisiones judiciales en ese ámbito.   

 

“La Procuraduría no puede desplazar ni al juez ni a la Fiscalía, tiene limitaciones procesales. Su función es defender las garantías, pero la Procuraduría no es ni juez ni fiscal”.

Sin embargo, reiteró el compromiso y la permanente acción del Ministerio Público ante los casos que puedan significar falsos testigos, montajes o suplantaciones.

“La Procuraduría interviene a través de sus agentes en los procesos penales. Nuestra tarea es defender el orden jurídico y los Derechos Humanos. Estamos alerta de descubrir falsos testigos, montajes y simulaciones, para promover su castigo. Esa es una de las funciones del Ministerio Público: Proteger las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a la defensa”, concluyó.