Las recomendaciones  de la comisión de expertos al Gobierno nacional, que servirían de insumo para una reforma tributaria estructural, incluyen elevar el IVA del 16% al 19% y, además, gravar productos de la canasta familiar que hasta hoy están exentos, con el 5%.

Productos básicos como arroz, leche, huevos, pescado, carne y cuadernos, serían gravados, de acuerdo con el documento de 261 páginas en los que los especialistas exponen las necesidades que tiene el país en este tema.

La primera reacción a los planteamientos de la comisión de expertos estuvo a cargo de la ministra de Educación, Gina Parody, quien dijo que se afectaría a miles de padres que hacen esfuerzos para enviar a sus hijos al colegio. 

Aseguró en su cuenta de Twitter que es un “pésimo mensaje para un país que busca mejorar la educación”.

Por su parte Andrés Valencia, presidente de Fenavi, dijo que “eso tiene efectos inmediatos: un encarecimiento de estos dos productos, seguramente provocará un aumento de la informalidad en el sector, especialmente en el de huevo; y un mayor esfuerzo de caja para los avicultores”.

El senador del Centro Democrático Iván Duque dijo que “la canasta familiar hay que tratar de protegerla, hay otros topis de bienes y servicios sobre los cuales se puede aumentar el IVA”.

Por su parte el senador de La U Ángel Custodio Cabrera, señaló que se debe “buscar que al incrementar el IVA los sectores populares no se vean afectados”.

Además, la comisión recomienda que la medicina prepagada continúe con un IVA del 5%, pero que los computadores, las boletas para eventos y el servicio de internet para estratos 1, 2 y 3 pasen a tener un IVA del 10%.

Así mismo se propone elevar la tarifa de impuesto de consumo por la telefonía celular al 7%.

En la tarifa general quedarán las aguas minerales, hielo y nieve, armas y municiones, publicidad, los servicios de las peluquerías, el software, marcas, patentes, franquicias, cobros del sector financiero, la medicina prepagada y todo lo que hoy tiene tarifa del 16%.

El documento, de cuyos algunos apartes se han venido conociendo por partes y del que se filtró el pasado 31 de diciembre uno de sus apartes, contempla entre otros, simplificar la estructura de impuestos para personas y empresas, ampliar la base, gravar pensiones y dividendos y que las entidades sin ánimo de lucro paguen impuestos.

Justamente en junio del año pasado la Comisión, creada en 2014, propuso revisar la exención que tienen los dividendos en cabeza de las personas y otros beneficios sobre los ingresos de capital, que favorece a quienes tienen más capacidad de tributar.

“En Colombia el 1% de la población concentra el 20% del ingreso total, porcentaje elevado comparado con la proporción que este mismo segmento de la población concentra en países como España, Francia, Alemania, Reino Unido y Argentina. Para los integrantes de la Comisión, los dividendos de esta población, que están exentos de impuesto a la renta, constituyen entre el 30% y el 70% de sus ingresos”, señalaron en ese momento.

La Comisión también consideró que se debía mejorar el diseño de los grandes ejes de la contribución, “ejes como utilidades de las empresas, renta de las personas, riqueza y el IVA en el nivel nacional; e impuestos como el predial en el sistema tributario regional y local. Para ellos, el impuesto a las transacciones con tasas moderadas podría ser útil para controlar los fenómenos de evasión y fraude”.

En el informe conocido ayer, las recomendaciones incluyen eliminar gravámenes creados hace poco como es el caso del CREE, IMAN, IMAS y riqueza.

Los expertos habían dicho y lo han reiterado que hay una gran desigualdad en el tratamiento entre sectores y compañías, que son pocas las que pagan y el peso es mayor para quienes no cuentan con beneficios de zonas francas, contratos de estabilidad jurídica o exenciones importantes y pide eliminar los desincentivos a la inversión y al crecimiento.

Por ello propone eliminar el CREE y su sobretasa, el impuesto de renta y complementarios y el del patrimonio (riqueza) y crear un solo tributo y que sería el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), de una tarifa única de entre 30% y 35%, dependiendo del análisis que haga el Gobierno.

Señalan los expertos que es clave simplificar los trámites a las empresas y darles más certidumbre a los empresarios, frenar el uso de exenciones y que únicamente puedan descontarse los impuestos pagados en el exterior.

Otro de los planteamientos es elevar el impuesto sobre la renta presuntiva de 3% a 4% y gravar las ganancias ocasionales como renta ordinaria.

Pero la Comisión, además, indica que los impuestos a los combustibles son bajos frente a estándares internacionales. “Existe un amplio espacio para aumentar dichos tributos, lo cual tendría efectos positivos sobre el medio ambiente y permitiría allegar recursos para la financiación de infraestructura”.

Por tal motivo propone un incremento inicial de 30% en el impuesto nacional a los combustibles, que hoy es el 12%, y sugiere equiparar las sobretasas de la gasolina y del diésel.

El informe en manos del Gobierno plantea que personas naturales ponen poco a la hora de pagar impuestos y que es necesario que más gente contribuya.

Del pago no se salvarían ni las pensiones altas, que se gravarían con las mismas condiciones que los salarios.

En cuanto a las cooperativas, la Comisión propone que las entidades sin ánimo de lucro, es decir, asociaciones, fundaciones y corporaciones, sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.

“Los expertos dicen que la DIAN no ejerce control sobre este tipo de entidades, en consecuencia, los beneficios tributarios son concedidos a estas entidades simplemente por el hecho de constituirse como ESAL”, se indica en el documento.

Sobre las entidades de ánimo de lucro, la Comisión había expuesto que hay 71.662, de las cuales 16.729 son no contribuyentes, y el resto (54.933) pertenecen al régimen tributario especial, pero dicho régimen tributario es muy laxo y hay falta de control por parte de la DIAN, de ahí que proliferen entidades constituidas como asociaciones, fundaciones o corporaciones sin serlo.

Por eso, los expertos tributarios plantearon que la DIAN debería incorporar en su plan anual de fiscalización un programa de control para este tipo de entidades que tendría que ser aprobado por un comité establecido.