A pesar de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se mantendrá viva por un buen tiempo más, gracias al hundimiento de la reforma a la Justicia, es una célula que no tiene futuro si no es reformada a fondo.

En esa apreciación coinciden varios integrantes y ex integrantes de esta célula legal, que le corresponde conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Fiscal General de la Nación y los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura.

La eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la cual sería reemplazada por una comisión de aforados constitucionales integrada por juristas con calidades de magistrados, fue uno de los grandes cambios aprobados en la malograda reforma a la Justicia.

Decisión que al final se frustró por la decisión del Gobierno de pedir su hundimiento por los 17 ‘micos’ que, argumentó, fueron incluidos durante la etapa de conciliación.

De esta forma se frustró un deseo en el que habían coincidido el Gobierno, gran parte del Congreso, el fiscal Eduardo Montealegre, entre otros, en el sentido de que la Comisión de Investigación y Acusación debe desaparecer por inoperante.

Sin embargo, la realidad es que habrá Comisión de Investigación y Acusación para rato, pues el Gobierno difícilmente se dará la pela presentando una nueva reforma a la Justicia en menos de un año. En tanto que tampoco por el momento no se ha escuchado sobre iniciativas parlamentarias de cara a la tercera legislatura del Congreso, que arranca el viernes de la próxima semana, en cuanto a reformar esta célula legislativa o, incluso, materializar lo que la fallida reforma dejó en el aire frente a este tema.

Opinan los congresistas

Hoy la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sufre de los mismos problemas que desde hace tiempo han llevado a que haga agua en materia de resultados, pues hay más de 1.200 procesos represados.

Ella no cuenta con la infraestructura necesaria para adelantar con prontitud los procesos e incluso no todos sus integrantes tienen preparación en Derecho Penal.

En cuanto al futuro de la misma, uno de sus integrantes, el representante Alfredo Bocanegra (Tolima, Partido Conservador) presentará su renuncia a esta célula porque considera que allí no está haciendo nada: “Cuando quise actuar en el caso de la investigación contra el ex presidente Uribe no me fue posible avanzar”.

“En la renuncia le hago una serie de recomendaciones, como ya se las he formulado al señor presidente de la Comisión el doctor Germán Blanco, respecto a que la Comisión tiene una segunda oportunidad de ser actuante, que es lo que el país y la sociedad le ha venido exigiendo, y no ha sido consecuente”.

Añadió que si bien hay carencias en materia de estructura, no puede ser excusa para que no tomen decisiones en algunos casos: “Yo creo que la Comisión debería dedicarse a mirar seriamente y a tomar unas decisiones y unas medidas cautelares respecto al Consejo Superior de la Judicatura. Allí se está investigando el tema desde el punto de vista disciplinario y también penal, y yo creo que hay claros elementos para que por lo menos en la parte disciplinaria la Comisión de Acusaciones procediera a una suspensión de los que mayormente están incriminados”.

Por su parte el representante Augusto Posada (Antioquia, Partido de La U), también integrante, dijo que “esa Comisión no tiene presente y no tiene futuro. La Comisión no tiene las herramientas, no hay la voluntad política para que funcione a la altura de los expedientes que tiene. Yo sinceramente considero que la Comisión hoy en día no ofrece ninguna garantía ni a los aforados ni a los investigadores”.

Pero añadió que ante la realidad de su permanencia hay que buscar una fórmula para que la Comisión cumpla cabalmente con sus funciones.

Finalmente, el representante Camilo Andrés Abril (Casanare, Cambio Radical), quien renunció a este ente en agosto del año pasado, dijo que ya que no se pudo a través de la reforma a la Justicia, el Congreso podría “modificar la Ley 5ª del 92, que haga algunas condiciones y algunos requisitos mínimos para los congresistas que hagan parte de esa Comisión. Por ejemplo como mínimo ser Abogado, y ojalá especializado en el tema penal y disciplinario”. Además pidió fortalecer el grupo asesor de los Representantes investigadores.