Habilitar a las Fuerzas Militares para que emprendan operaciones para combatir la criminalidad organizada propone un proyecto de ley agendado esta semana para tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
Se trata del proyecto de ley número 133 de 2013 Senado – 208 de 2014 Cámara, “por medio del cual se dictan medidas para combatir los grupos criminales y organizados, dentro del territorio nacional”, radicado el 29 de octubre de 2013 por el entonces senador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), incluido como segundo punto de la agenda de mañana y cuyo grupo de ponentes, coordinado por la representante Aida Merlano, del Partido Conservador, está integrado además por Efraín Torres (La U), Federico Hoyos (Centro Democrático), María Eugenia Triana (Opción Ciudadana), Alirio Uribe (Polo Democrático) y Leopoldo Suárez (Partido Liberal).
El presidente de la Comisión, Jaime Buenahora (La U), le dijo a EL NUEVO SIGLO que este proyecto fortalece la seguridad en general y dijo que la idea que durante este debate estén presentes los integrantes de las Fuerzas armadas y los estamentos militares.
Efectivamente, están invitados el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; los comandantes de las Fuerzas Militares (general Juan Pablo Rodríguez), del Ejército Nacional (general Jaime Alfonso Lasprilla), de la Fuerza Aérea (general del aire Guillermo León) y la Armada Nacional (almirante Hernando Wills); así como el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.
Actualmente la competencia para el combate del crimen organizado está en manos de la Policía Nacional.
Si es aprobada la iniciativa, las Fuerzas Militares deberán diseñar, desarrollar, ejecutar y conducir operaciones que permitan combatir efectivamente los grupos criminales, armados y organizados, sin perjuicio de las operaciones que adelante la institución policial.
"Este no es solamente un problema de Policía y de seguridad ciudadana barrial. Es un problema de Estado", afirmó el exsenador Lozano.
El proyecto define como grupo criminal, armado y organizado, el conjunto de personas al margen de la ley, que realizan operaciones ilegales repetidas sobre una parte del territorio nacional, sin ningún móvil ni finalidad política, cuyo nivel de hostilidades, armamento disponible y capacidad ofensiva afectan o ponen en peligro a la ciudadanía y a las instituciones.
A sus integrantes no les serán aplicables los procesos de desmovilización previstos en la Ley 418 de 1997 (Justicia y Paz), porque no se contempla ningún tipo de estatus diferente.
La investigación y juzgamiento de las conductas sancionables atribuidas a los miembros de la Fuerza Pública, realizadas en cumplimiento de cualquier tipo de operación destinada a combatir los grupos criminales, armados y organizados, se aplicarán las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Para poner en marcha el proyecto, el Gobierno nacional identificará los grupos criminales, armados y organizados y autorizará, a través del Ministerio de Defensa Nacional, las operaciones necesarias para darle cumplimiento a esta ley.