EL ACUERDO PARA LA PAZ

Sobre víctimas y justicia transicional

“¿Se justifica crear una jurisdicción especial?

Al examinar el contenido del acuerdo sobre víctimas y justicia transicional, divulgado el 15 de diciembre, se encuentra que hay aspectos sobre los cuales no hubo acuerdo o se prefirió que de ello se ocupara la comisión especial legislativa, cuya creación se encuentra en trámite.

Del mismo modo surge como interrogante si era realmente justificado crear una jurisdicción especial para la paz o sencillamente unas salas adicionales en la jurisdicción ordinaria. Quizá la razón de fondo era evitar un choque con la jurisprudencia acumulada sobre el alcance del delito político y las implicaciones  de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio a la luz de los instrumentos internacionales que regulan la materia. Tampoco es necesario crear la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ese mecanismo ya existe en la Ley 971 de 2005.  Hay necesidad de fortalecerla para que sea más eficaz.

Los espontáneos se preguntan, ¿Cómo será la responsabilidad material? ¿Las Farc aportarán    recursos y  bienes?

En la nueva jurisdicción de paz habrá una Unidad de Investigación y Acusación, tres salas y un órgano de cierre, que será el Tribunal para la Paz conformado por cinco secciones. Cuatro de sus magistrados podrán ser extranjeros. Ello no resulta apropiado; este no es un conflicto armado internacional.

El acuerdo establece que solo podrán gozar de beneficios judiciales quienes digan la verdad, reconozcan su responsabilidad en la comisión de delitos y reparen a las víctimas. Bajo estas exigencias parece contradictorio dejar como beneficio la pena de 15 a 20 años para quienes no digan la verdad y no asuman responsabilidades en la comisión de delitos. Quienes así actúen deberían ser excluidos de la jurisdicción especial de paz, aplicándoles la pena ordinaria que va más allá de la señalada porque quedaría como un beneficio sin mayor justificación.

Por otra parte, queda abierta la posibilidad de la participación en política o de la elegibilidad de quienes hayan incurrido en los más graves delitos; ello debería seguir discutiéndose porque la Corte Constitucional dijo lo contrario cuando revisó la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz.

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Ha quedado claro el talante antidemocrático de la cúpula gobernante en Venezuela. Reconocieron el resultado electoral de manera formal pero, desde entonces, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello adelantan una campaña descalificatoria de las facultades que tendrá la nueva Asamblea Nacional Legislativa.

El régimen de Venezuela no tiene conciencia de que la opinión publica se expresó en las elecciones del pasado 6 de diciembre fue contra el desgobierno. Hoy   solo cuenta con el apoyo del 30% de sus connacionales. La Constitución que  rige en el hermano país la hicieron los partidarios del chavismo y ahora buscan desconocer sus cláusulas, como en el caso del órgano legislativo, porque quedaron en ínfima minoría.

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Una feliz navidad y un nuevo año lleno de bienestar personal y éxitos continuados son mis mayores deseos para todos los colombianos y  quienes me hacen el honor de leer esta columna.