Los integrantes de las Farc, partido político ahora antes grupo guerrillero, al firmar el acuerdo en el Teatro Colón en Bogotá, quedaron comprometidos a decir la verdad ante el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, JEP, cuya existencia impusieron para que los juzgase. El componente de los acuerdos sobre justicia transicional exige que los excombatientes, para hacerse acreedores a los beneficios de penas hasta de ocho años y  de formas alternativas de sanción,  deben decir la verdad plena,  reparar las víctimas y garantizar la no repetición. Señala el compromiso: “Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Venían haciendo exactamente lo contrario, negando sus barbaridades en el conflicto, utilizando un léxico equivoco, pues no aceptaban haber tenido secuestrados sino “retenidos”; negando el reclutamiento de menores, aduciendo que no había sido  una “política” del grupo guerrillero  dicha incorporación y callando los delitos de aborto obligado,  violencia  sexual, extorsión, ataque a población civil, entre otros de lesa humanidad.  

Con la negación de los hechos, no solamente están incumpliendo los acuerdos, sino que se exponen a penas superiores e incluso a quedar por fuera del modelo de justicia transicional.  

Algo sucedió que produjo un cambio en las últimas semanas, pues ante medios de comunicación empezaron algunos de sus miembros, hoy Senadores, a aceptar que si hubo reclutamiento de menores, pero con más de quince años y en forma voluntaria; incluso llegaron a admitir y decir que el secuestro había sido un error y a denigrar de esta etapa sombría de las Farc. Verdad a medias, incompleta e insulsa.

Sin embargo, el cambio de actitud ante los medios de comunicación, todavía no convence acerca de la real voluntad de colaborar con la verdad y con la reparación de las víctimas; debieron hacerlo ante la JEP. La no repetición ya quedó infringida.  En cuanto a la reparación; salvo las alarmas que en su momento encendió el Fiscal General de la época, no volvimos a saber que fue de sus recursos,  capitales y de los dineros del exterior y todo lo que había sido objeto de recaudo como resultado se secuestros y extorsiones.

Por todo lo anterior. Estamos en pleno acuerdo con el llamado que hace el expresidente Andrés Pastrana a la JEP para que proceda conforme a los acuerdos de La Habana, el Derecho Internacional Humanitario y nuestra Constitución.  Es claro que a estas alturas no es posible echar para atrás lo trasegado; pero de allí a que la sociedad colombiana pase de incauta y se deje meter otro “golazo”, hay mucho trecho.  La JEP tiene la palabra.