MUY pocos son los movimientos subversivos que triunfan contra un Estado. Creo que pocas veces en la historia de la humanidad se ha visto un caso como el colombiano, en el que un grupo subversivo que contaba con unos 22.000 hombres en armas y probablemente otros tantos simpatizantes civiles o “milicianos” y que, en el curso de pocos años fue reducido a 7000 guerrilleros, que se encontraba en franca retirada, conminado a lo más recóndito de la selva, llegara a obtener gran parte de sus pretensiones en una mesa de negociaciones.

Las Farc, antes de verse totalmente aplastadas aceptaron la invitación del gobierno del presidente Santos a negociar la entrega de sus armas, en otras palabras, su derrota. Hábiles negociadores y asesorados por el régimen castrista, rápidamente identificaron el gran deseo de los gobernantes colombianos por lograr un acuerdo y, poniéndose difíciles, comenzaron a extraer de su contraparte concesión tras concesión, comenzando por la impunidad para sus crímenes y el descarte de los mecanismos básicos de una democracia, como por ejemplo que los que hacen las leyes sean los representantes del pueblo y no unos individuos escogidos a dedo, aunque no tengan los votos necesarios para llegar al legislativo.

El argumento para estas concesiones es que la paz es un bien supremo y que el obtenerlo justifica pagar cualquier precio por ella. Tal vez no se tiene en cuenta que este razonamiento descalifica todos los sacrificios que ha hecho el país, durante medio siglo, para combatir a quienes, aun ahora, pretenden hacerse al poder por cualquier medio para imponer su ideología antidemocrática, la de Stalin, Castro y Chávez. A ella no han renunciado. Resulta que ahora consideramos que todos estos sacrificios no solo fueron inútiles, sino que estábamos combatiendo injustamente a unos luchadores por la justicia social. La de ahora es una semi retirada táctica de las Farc que les evitará la derrota total inmediata pero, estamos seguros, les permitirá reagruparse y esperar otras oportunidades, habiendo infiltrado el Congreso y la administración pública.

Sostiene el Gobierno que no habrá impunidad y que los criminales serán juzgados y condenados; no explica que bastará que estos criminales digan que aceptan su responsabilidad (dudamos que Timochenko e Iván Márquez, entre otros, acepten responsabilidad alguna y sean juzgados, amanecerá y veremos) para que la condena sea no poder salir de determinada área. ¿No es esto impunidad? Y, en cuanto al tal “tribunal especial para la paz” vale la pena terminar esta nota con las palabras del expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla: “debe haber un respeto por la Rama Judicial y que no es coherente crear un tribunal para la paz para absolver a los criminales y no para juzgarlos”.