¡Verdad sin impunidad!  

Hace algunos días en medio de las noticias que nos daban de los actos que se hicieron contra nuestra infraestructura, contra nuestros recursos naturales, contra puestos militares y de Policía, contra helicópteros y contra la vida de nuestros compatriotas nos daban la noticia que en La Habana habían llegado a un acuerdo para crear una comisión de la verdad e incluso su forma de integración. En distintos lugares del mundo las comisiones de la verdad han tenido una relevante importancia para el esclarecimiento de los hechos, la identidad de las víctimas y la reparación de las mismas. Es el caso que sucedió en el conflicto de Sudáfrica donde la comisión de la verdad fue además de significativa, fundamental.

En el caso colombiano he leído con mucho interés distintos escritos que comentaristas y analistas han hecho y cómo la gran mayoría valoran que a través de este instrumento sepamos la verdad de los hechos que por ya cincuenta años han venido cometiendo los grupos alzados en armas contra el Estado de Derecho. Es indudable que ese interés se exteriorice y que los colombianos esperemos con mucha expectativa su trabajo. Ahora bien, la comisión de la verdad no solo tiene que encargarse de establecer la verdad de los hechos cometidos por la guerrilla. También tiene que establecer la verdad de quienes dentro del Estado cometieron actos por fuera de nuestra normatividad jurídica en las distintas instituciones tanto públicas como privadas, o en los partidos políticos o en los medios de comunicación o en la clase empresarial. Por ejemplo, quiénes auspiciaron y financiaron los denominados grupos paramilitares. Todo esto debe quedar muy claro. Pues si bien la verdad de la mayoría de las gentes habla es la de los hechos cometidos por los grupos guerrilleros, la comisión de la verdad  tiene que establecer la verdad en todos los frentes. Y seguramente por esta situación es que aparentemente el Congreso de Colombia aprobó una Ley mediante la cual se estipula que los resultados del trabajo de una comisión de la verdad no tendrán consecuencias penales. En otras palabras antes de llegar a ese acuerdo de la conformación de la comisión de la verdad, el Congreso deberá tomar las  previsiones para que no haya consecuencias que impliquen motivos de preocupación internacional como que no se permitan intervenciones penales. De lo contrario sería este un principio de verdad ¡pero con impunidad!