Por la paz real
LA terminación del conflicto armado con las guerrillas en Colombia, que abarca algo más de cincuenta años, es para todos una necesidad. Sin embargo la paz requiere del trabajo y cooperación de todos los colombianos, especialmente de la incorporación de los habitantes de las regiones donde el conflicto ha tenido peores repercusiones, lo que facilitará el trazando de políticas que permitan una real presencia del Estado y que se materialicen en proveer servicios básicos de energía, salud, agua potable, educación y la construcción se economías legales sostenibles. Es el anhelado discurso de una Colombia con equidad, justicia social y reconciliación.
Sin embargo para hacer de este discurso un proyecto palpable no solo hace falta voluntad o la firma de acuerdos, sino que es necesario apoyar los planes que trazan estos objetivos y por qué no decirlo, apoyar a los funcionarios que de manera honesta le plantan cara al clientelismo, a la corrupción y luchan de manera incansable por trabajar en el futuro de los colombianos que no es otro que invertir en los más pobres, en los más necesitados, en trabajar para que los niños y jóvenes de esa Colombia olvidada tengan un futuro, porque nuestro conflicto armado en gran parte se enraiza y es producto de esa desigualdad y falta de oportunidades para una gran parte de nuestros conciudadanos.
Debemos aceptar el reto de comprometernos con una paz duradera, pero no a cualquier precio, sino aquella que tenga una base y un fundamento social, que se base en la verdad, en la justicia, en el respeto y en asumir las responsabilidades que los hechos violentos han causado. Una paz que permita que las regiones hoy olvidadas y que sus habitantes que mal viven o sus niños que mueren de hambre, sed o analfabetos consigan vivir una vida distinta a la de los abusos y la guerra. Permitir que el sueño de nuestros campesinos no sea emigrar a las ciudades, sino sentirse orgullosos del agro, pagar el valor de su trabajo, garantizar la comercialización de los productos legales que cosechan, hacerlos sentir seguros en su tierra para que dejen atrás el miedo a la persecución o a debatirse entre esa línea delgada que les lleva a apoyar a unos o a otros.
Por todo esto aspiramos que lo pactado en La Habana permita un compromiso no solo del Gobierno sino de la clase dirigente y de las comunidades para adoptar las medidas necesarias que hagan frente a esta situación con un plan de objetivos y fechas de cumplimiento que nos beneficie a todos los colombianos y no solo a los guerrilleros que se reinsertarán a la sociedad. Y hablando de incorporación a la vida democrática y política, ella debe ser sin armas y para que ello sea viable tenemos que ser conscientes que hay que hacer una lucha frontal a quienes pueden ser los enemigos armados a la paz como es el caso del paramilitarismo y así evitar un nuevo caso de triste recordación y consecuencias que fue lo que sucedió con la Unión Patriótica en el pasado.