REFRENDACIÓN A LO ACORDADO EN CUBA
La vía es el Congreso
ANALIZANDO y conversando sobre los estudios que importantes constitucionalistas han hecho del plebiscito y la pregunta que éste incluiría de si “están los colombianos de acuerdo con la paz”, como fórmula para avalar los pactos de La Habana con las Farc, he llegado a una única conclusión. Puede ser inconstitucional. No es viable un plebiscito que cuestione un Derecho Fundamental. Y desde el punto de vista político, la conclusión es similar, difícilmente habrá quien se declare en contra de lograr la paz. Por lo que el meollo del asunto consiste en conocer cuáles son los acuerdos que se han pactado para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado en nuestro país.
Es cierto que el pueblo al elegir al presidente Santos optó por su programa para encontrar una solución política en la construcción de la paz. Ahora bien, de lograr que este cometido llegue a feliz término el paso siguiente es ponerlo en marcha a través de medidas ejecutivas, reformas legales y algunas constitucionales que permitan cumplir lo pactado. ¿Por qué no entonces ponerlas en conocimiento de los ciudadanos y que sea el Congreso como representante legítimo del pueblo la institución que debata y decida sobre ellos? Es el Parlamento el órgano que nuestra Constitución consagra para debatir, acordar y regular democráticamente las medidas que nos afectan a todos y en esta corporación se encuentran representadas todas las fuerzas políticas que han sido elegidas por sufragio universal, libre, secreto y directo.
Otro trabajo que debe hacerse es el de socializar los acuerdos de Cuba, permitir a las fuerzas políticas, económicas, sociales, gremiales y academia que, conocidos los pactos, canalicen a través del Congreso sus opiniones y de esta forma instrumentalizar los acuerdos. Y claro está, un Congreso que asuma el estudio y no delegue todas sus funciones. Creo que es la oportunidad para que demuestren que son capaces de no ser inferiores a la hora presente y recuperar su imagen. El Gobierno está en la obligación de informarnos, se trata de un asunto que por su relevancia nos concierne y afecta a todos y tenemos derecho de saber que se pactó, a que renunciamos o que aceptamos. Abogamos por la transparencia de los acuerdos en el marco de la institucionalidad y nuestro Estado de Derecho. Cosa distinta es que en el futuro y una vez firmada la paz, el Gobierno y las fuerzas políticas opten por hacer una Asamblea Constituyente que permita una reforma de mayor calado y entonces se convoque y se voten democráticamente los representantes que los ciudadanos elijamos para tal fin, pero por lo pronto el foco debe ser la socialización de lo pactado y la implementación de lo acordado haciendo uso del foro democrático por naturaleza que es nuestro Congreso.