Ex + Ex 

Extorsión  + Exclusión.  He aquí las dos figuras que mejor podrían caracterizar al reciente acuerdo firmado entre el gobierno Santos y el de Rafael Correa. Extorsión, porque habituado como está a negociar con gatos de todo pelambre, el Gobierno tuvo que pagarle al Ecuador varios miles de dólares (¿cuántos habrán sido, finalmente?) para que retirara la demanda ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones en la frontera. Y exclusión, porque nuestro propio Gobierno se ha impuesto una zona de 10 kilómetros en los que, sacrificando la soberanía, no podrá cumplir a cabalidad con los propósitos de la lucha antidrogas.

Recordando lo que sucedía con Sadam Hussein cuando estaba sancionado, lo sorprendente es que ahora sea el propio Jefe de Estado el que se imponga la exclusión aérea y termine convirtiendo la frontera en un paraíso para las Farc y el Eln. Paraíso al que habría que agregar el del Catatumbo pues nada habrá hecho más feliz al heredero de Hugo Chávez que la orden impartida por Santos a la Fuerza Pública para que cesaran las aspersiones en el área, con lo cual, ya son dos, no sólo una, las fronteras que, al garete, sirven de santuario al terrorismo.

Lo que pasa es que en ese frenesí dialógico que lo identifica y que lo ha puesto al borde de rifar la soberanía en el Caribe sentándose a mercadear con los sandinistas, el Gobierno Nacional asume, primero, que todo es negociable; y segundo, que todo acuerdo negociado es positivo por sí mismo.

En efecto, si un presidente es capaz de negociar con un grupo terrorista la refundación del Estado, seguramente le parecerá muy fácil complacer a un gobierno simpatizante de ese grupo, tratando de lograr con ello la firma de un acuerdo como el que anhela firmar en La Habana y en el que tiene puestas todas sus ilusiones reeleccionistas.

En consecuencia, es apenas natural que un Gobierno de esa talla llegue a la conclusión de que es preferible un acuerdo que sacrifique el interés nacional si con ello se evita el penoso trance de volver a comparecer ante la Corte de La Haya, sobre todo si la propia Canciller ya la ha calificado de antemano como ... ¡el auténtico “enemigo” de Colombia !