La Constitución de 1991 innovó el Estado declarando que la soberanía dejó de ser nacional para transformarse en popular, esto es, que el poder radica en la población, además,  cambió el  Estado de Derecho  en un estado social, metamorfosis en virtud de la cual los derechos fundamentales no son solamente una declaración formal, sino una realidad exigible a las autoridades encargadas de protegerlas  en su vida, honra y bienes, gestión que obliga a que  la función pública  respete la dignidad individual con todas las consecuencias de ese valor.

Para que esa realidad se cumpla se consagró la acción de tutela, entre las más importantes opciones, medio de defensa que ahora está cuestionado en los proyectos de reforma que  este gobierno impulsa dizque para ¡especializar la función judicial!

Se advierte que hay una conspiración contra ese recurso de amparo, complot que tiene como raíz la complicidad de los jueces y esto en virtud de que la mentalidad de los abogados que a este oficio se dedican, no es para asegurar que la democracia sea una política de respeto a la igualdad, sino un modelo para solventar aspiraciones económicas.

Pero aparte de que esta realidad trastorna la teoría de la Carta, lo mismo sucede en cuanto respecta al derecho fundamental que las personas tienen de que se les brinde la seguridad social y se les garantice efectivamente el acceso a los servicios de protección y recuperación de la salud. Igualmente que cuando estén incapacitados para trabajar, se les pensione por invalidez. Todo esto es una versión de fantasía, una regla ficticia.

Existe una entidad oficial, la Junta Médica Regional,  encargada de decidir sobre la incapacidad laboral de los afiliados a las entidades  obligadas a cumplir con ese mandato constitucional. Pues esa entidad,  ordinariamente, tarda meses y años en resolver esa situación, a tal punto que muchos mueren estando a la espera de la decisión. Pero más vergonzoso es el viacrucis que tiene que padecer el enfermo para que le practiquen los exámenes o las intervenciones quirúrgicas y todo esto se discute en acciones de tutela que suelen negarse irresponsablemente. Entre tanto,  la Superintendencia de Salud se distrae injustificadamente.

Las víctimas de esa negligencia, del divorcio entre la normas escritas  y distinguidas como “derechos fundamentales” y la realidad del abandono y la miseria humana, son precisamente  los ciudadanos que se abstienen de participar en la vida política, pues saben que la soberanía popular es una pantomima y  la solidaridad una farsa, pues lo que al país lo mueve son los intereses económicos, los que se discutieron en el debate al señor Carrasquilla.

El Procurador y el Defensor del Pueblo han rechazado  la propuesta  para reducir la acción de tutela y tienen toda la razón. Hay que convocar a las gentes para que se manifiesten y reclamen la protección de ese trascendental derecho constitucional e, igualmente, protesten por el divorcio que hay al interior del gobierno del dux Iván, Marqués de Carabas.