El Consejo Nacional Electoral publicó la cifra total de cédulas inscritas para las próximas elecciones locales que hubo de anular por presunta trashumancia. 915.853 son las personas que supuestamente cambiaron de domicilio o residencia entre el más reciente certamen electoral y el que sucederá el próximo 27 de octubre de 2019, cuyas razones de traslado generaron sospechas de las autoridades al punto que dieron lugar a la anulación de las inscripciones.

Los departamentos donde más se presentó el fenómeno presuntamente fraudulento fueron Antioquia (133.784), Atlántico (125.208) y Santander (91.360). Contra todo pronóstico y prejuicio, los departamentos de la Costa Atlántica no son los líderes del tema, aunque de todas maneras aparecen guarismos importantes en Cesar, La Guajira y Córdoba.

El fenómeno de la trashumancia es un vicio de la democracia colombiana que debe ser combatido seriamente por las autoridades electorales y los organismos de control, porque significa un monumental fraude a la configuración local y regional de los poderes políticos. Ese desfile de buses llenos de forasteros que acuden cada fin de semana a la Registraduría Municipal de cada lugar para inscribirse como si fueran naturales o residentes en el respectivo municipio, es un espectáculo de gente desvergonzada que simple y llanamente está cometiendo un delito a ciencia y paciencia y a la vista de todos.

Los políticos locales que financian esa clase de maniobras fraudulentas han logrado en muchos casos cambiar la realidad política o la tradición electoral de muchos municipios, orquestando la presencia de administraciones locales sin ninguna vinculación real y sin ningún compromiso espiritual con los habitantes de cada localidad. Son una especie de cazadores de Alcaldías que van tras sueldos y contratos, pero carecen del mínimo sentimiento o empatía por el progreso local o por el bienestar de sus gentes.

En las más recientes anulaciones, por ejemplo, sorprende el número de las inscripciones de cédulas anuladas en un pueblo cundinamarqués tan pequeño como Pandi. ¡767! en un municipio que aunque tiene un potencial electoral de algo más de 4.000 votos, casi nunca pasa de 2.500. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales, apenas se contabilizaron 2.181 votos. Si se anularon 767 inscripciones, que son el 35% de la votación depositada en el último certamen electoral, significa que ese número de inscripciones aparentemente fraudulentas, tenía el potencial de variar el resultado electoral en ese municipio.

La situación es más grave aún si se toma en cuenta que por el tamaño de la localidad, todos saben quién es quién, de modo que se necesita una gran dosis de cinismo para ir hasta un municipio como ese a inscribirse alegando que vive o es natural del lugar. Y todo eso lo hacen a pesar de que la conducta está penada con prisión de 4 a 8 años y multa de 50 hasta 200 salarios mínimos.

El otro problema es que la normatividad electoral permite que al recurso de reposición contra el acto administrativo de anulación se sustente, entre otras pruebas, en un “certificado de vecindad expedido por los Alcaldes Municipales”.

Como quien dice, el ratón cuidando el queso.

@Quinternatte