Comienzo recordando que, cuando apenas empezaba la pandemia, los parlamentarios del Centro Democrático entregaron 2.000 millones de pesos para atender las necesidades de los más vulnerables.

La pandemia ha demandado un esfuerzo gigantesco del Gobierno, la empresa privada, fundaciones y particulares para tratar de atender las necesidades básicas de la población que ha perdido o visto reducidos sus ingresos. La última cifra disponible indica que la economía colombiana cayó en el último trimestre un 15.7%.

Por esa razón el Presidente, en uso de sus facultades constitucionales, dictó el decreto 568 mediante el cual impuso un gravamen del 15 al 20% durante tres meses sobre los salarios de funcionarios públicos, contratistas y pensionados que ganaran más de diez millones de pesos mensuales, básicamente para ayudar a los trabajadores informales y a la clase media vulnerable. La Corte Constitucional lo declaró inexequible porque “no hay equidad horizontal (?)”.

Mientras prácticamente todo el mundo ha visto disminuidos o terminados sus ingresos, los pensionados, los contratistas del Estado y los funcionarios públicos no lo han hecho. La “equidad” indica que deberían hacerlo.

En un artículo en El Tiempo, Stefano Farné, profesor del Externado de Colombia, señala cómo casi el 40% de los empleados domésticos y el 50% de los trabajadores informales han perdido sus ingresos. Los profesionales independientes han perdido el 20% e, incluso, buena parte de los más altos cargos de empresas privadas han visto reducidos sus salarios hasta un 50%. Todos ponen. El artículo de Farné tiene un título sugestivo: “Una sentencia injusta para un impuesto justo”. Más aún cuando los miembros de la Corte, afectados por el decreto, no se declararon impedidos.

En un artículo en El Colombiano, Juan Gómez Martínez dice: “Se creó un impuesto o aporte del 10 % sobre los que teníamos una pensión o sueldo mayor de diez millones de pesos. Todos lo aceptamos, no protestamos porque veíamos la necesidad de ayuda para los más golpeados por la pandemia. Quienes tenían el poder de aceptar o negar el aporte, que también lo debían pagar, las altas Cortes, lo tumbaron. Ni siquiera solidaridad con los más necesitados tienen, son primero ellos”.

El columnista también se refiere a cómo los magistrados de la Corte Suprema interceptaron “por error” el teléfono del expresidente Uribe, a pesar de lo cual introdujeron en su expediente “20.000 horas” de transcripciones que les han servido de prueba para su detención preventiva. Señala el columnista que “esas 20.000 horas darían dos años, tres meses y doce días de grabaciones las 24 horas del día, sin ir al baño, sin comer, sin ir al Senado, sin ninguna otra actividad distinta a la de hablar por el celular. El error que dicen los magistrados, que no sabían a quién se estaba chuzando, se cae al oír a quien hizo las intervenciones”. Y yo añado: ¿quién oyó y transcribió esas 20.000 horas?

El ecologista Andrés Hurtado en un artículo titulado “Y el rancho ardiendo” se refiere a la deforestación y los incendios en la Amazonía, que un editorial de EL NUEVO SIGLO calcula en “500 mil hectáreas de selva amazónica destruidas e invadidas en los últimos cinco años”. Hurtado sugiere usar drones para vigilar “los posibles focos de deforestación”. Yo he sugerido varias veces en esta columna el uso de drones, pero de los de verdad, como una herramienta para vigilar los oleoductos, detectar la minería ilegal y la deforestación. Son aparatos que pueden volar hasta 40 horas seguidas y permitirían que nuestras fuerzas armadas llegaran con gran rapidez en helicópteros hasta los lugares afectados.

Ojalá Gobierno y cortes leyeran las columnas.