Dos millones setecientas mil personas están desempleadas en Colombia, la informalidad alcanza el 58% y el desempleo juvenil se ubica en el 19%.

La capacidad del sistema productivo para generar empleo se puso a prueba con la pandemia y la irrupción de la mano de obra migrante. Ahora, la inflación y la incertidumbre política globales impactan los mercados y en la desaceleración se destruyen puestos de trabajo, como ha ocurrido en España.

Los retos en el mercado laboral son enormes. La inequidad en este campo constituye causa principal del deterioro en indicadores sociales, el incremento de la pobreza y el número de hogares que no acceden a tres comidas diarias.

Fortalecer subsidios es una política coyuntural necesaria, pero si no se ataca de base el problema, no hay posibilidades de transformación social. El trabajo decente y protegido, como derecho universal, es la alternativa para que los individuos, las familias y la sociedad realicen la dignidad.

Llama la atención que en la agenda prioritaria del nuevo gobierno y del Congreso no tenga lugar prevalente la preocupación por lograr el pleno empleo y la formalización laboral. Si bien la anunciada ley contra el hambre es indispensable, el mismo énfasis demanda una política integral de productividad laboral.

El menor interés público por programas para cubrir con seguridad social a todos los trabajadores o asegurar condiciones para que los jóvenes y las mujeres acedan a empleos de calidad, tanto como por la suerte del ministerio del trabajo, da cuenta del déficit estructural en una materia esencial para realizar la justicia social y condena al Estado a aplicar indefinidamente estrategias asistencialistas, frente a amplios sectores de la población que quedan a expensas de los auxilios y sometidos al vaivén de la economía.

Si el Congreso recién instalado quiere aportar a la renovación, debe asumir sin tardanza la deliberación sobre el estatuto del trabajo, mandato de la Constitución que se ha incumplido.

Es apremiante definir una estrategia nacional de formalización laboral, a partir de un amplio proceso de concertación entre empleadores y trabajadores, particularmente en sectores como el agropecuario y minero, las actividades domésticas y de cuidado, y el de servicios.

Se exige una reforma estructural en materia de personal al servicio del Estado, que permita progresivamente eliminar las nóminas paralelas de contratistas, para fortalecer la capacidad institucional y formalizar el empleo público, en tanto se reconocen a aquellos sus plenos derechos, a través de medidas inmediatas como su afiliación al sistema de subsidio familiar, a cuenta de los contratantes.

Pero así mismo, para cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional y evitar vacíos regulatorios como el ocurrido frente a la cotización de independientes, tendrá que adoptarse antes de junio de 2023, el nuevo régimen del piso de protección social, como mecanismo de entrada a la seguridad social de los trabajadores que devengan menos del salario mínimo. Restablecer el esquema de cotización por semanas, implementar incentivos para la formalidad del trabajo y fortalecer el servicio público de empleo, son asuntos prioritarios que comprometen la deliberación democrática.

Es momento de revisar programas de subsidios y transformarlos en mecanismos de acceso a la protección social como derecho, a tiempo con el reconocimiento de nuevas realidades y garantías en el ámbito laboral, que experimenta profundos cambios, tanto por la dinámica de los modelos productivos, como por la transición tecnológica.

Repotenciar la organización sindical y auspiciar esquemas de diálogo y concertación, como dinamizar la economía solidaria, constituyen también elementos claves para la transformación del mundo del trabajo.

Sin garantía de empleo y protección social para todos, no hay paraíso. ¡El cambio es con trabajo!