Según la Gran Encuesta de marzo, la principal preocupación en Colombia es la economía y el 14% de los encuestados señala que el problema por atacar es el desempleo. No podría ser de otra forma considerando cuestiones estructurales y el impacto de la pandemia, que agudizó la pobreza y la informalidad. A ello se suman los efectos de la ocupación arbitraria de Ucrania y la inflación que vive el mundo.

El liderazgo convocante que reclama el país debe demostrar capacidad para enfrentar, desde el diálogo social, la crisis inflacionaria que provoca el más grave impuesto para los pobres, y convocar a todos los sectores para promover la reactivación económica, a partir de la generación de empleo inclusivo y justo.

El principal factor de valor económico es el trabajo, cuyo impacto se refleja además en la capacidad de reconocimiento, integración social y promoción humana que logra una sociedad próxima al pleno empleo.

El servicio público de empleo está llamado a transformarse en la más potente red de inclusión, como puerta de acceso de todos a la economía. Prevenir la violencia y el delito, pasa porque el Estado acompañe a todos los jóvenes a colocarse laboralmente. Se requiere una red nacional con enfoque de trabajo social, capaz de orientar y articular sector educativo, empresas, emprendedores y trabajadores.

El nuevo Congreso tiene como agenda inaplazable la adopción del estatuto del trabajo que, aunque ordenado desde la Constitución del 91, constituye una deuda que es preciso saldar con deliberación amplia y concertación, como un escenario único para construir el pacto social que se reclama.

Corresponde al legislativo expedir también el régimen para el piso de protección social, figura que si bien está vigente debe ser desarrollada mediante ley ordinaria, como lo ordenó la Corte Constitucional. Con ella se busca incorporar a la protección social a trabajadores informales que laboran por tiempo parcial y ganan menos de un salario mínimo o trabajan por cuenta propia.

El trabajo con el que debe comprometerse la sociedad es el decente, aquel que cuenta con las garantías prestacionales y de seguridad social. El trabajo al derecho.

Romper la informalidad laboral, que ahora impacta a más de la mitad de la población trabajadora es prioridad social para el nuevo gobierno. Más de 10 millones de personas laboran sin que se les reconozca ese derecho. Entre ellas, principalmente las mujeres que desarrollan actividades de cuidado, sin protección ni reconocimiento alguno.

Se ha abierto nuevamente el debate sobre el trabajo por horas. Por sobre la ideologización electoral, conviene tener en cuenta que el país ya cuenta con un antecedente que es preciso retomar y ampliar: la cotización a seguridad social por semanas, que se implementó por medio del decreto 2616 de 2013.

Con ella se logró que quienes laboraran menos de la jornada laboral ordinaria se afiliaran a pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, cotizando proporcionalmente sobre un salario mínimo por los días laborados y sin perder el acceso a la salud subsidiada.

Alrededor de cien mil personas se incorporaron a la seguridad social a través de esta modalidad, que ha beneficiado especialmente a las trabajadoras domésticas.

Fortalecer este mecanismo, articulado con figuras como el piso de protección social y la plataforma de subsidios a cargo del Ministerio del Trabajo para promover el empleo, es una vía expedita para avanzar en la revolución de la formalización en Colombia.

A la par, está el reto de entender y proteger el trabajo en el campo. Una oportunidad única para construir y apropiar el abandonado país de los territorios.

¡Trabajo es lo que hay!