El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) está cumpliendo a cabalidad con sus funciones. En el último pronunciamiento que ha hecho público (#13 de noviembre de 2024) ha trazado un completo panorama sobre los riesgos que enfrenta la Hacienda Pública. Todos y cada uno de los párrafos de este pronunciamiento son voces de alarma que no deben pasar desapercibidas de ninguna manera.

La primera voz que se escucha es que los ingresos fiscales están desplomados, y mucho más bajos de los que se había pronosticado inicialmente. El débil crecimiento de la economía y la sobreestimación de los ingresos explican este comportamiento.

Para el 2024 -dice la CARF- los ingresos serán inferiores en $74,1 billones (4.3% del PIB), con relación a los niveles inicialmente estimados. Es decir: estamos frente a un descuadre monumental de las cuentas fiscales.

Si se sigue pensando en cumplir con la Regla Fiscal, en adición a las medidas de austeridad que ya se han tomado y que en el papel al menos ascienden a $25 billones, se requiere un tijeretazo adicional en el gasto del orden de $31 billones para el 2024.

Cada vez se ve más cercano el incumplimiento de la Regla Fiscal. “El gobierno no podrá gastar en el último trimestre del año más de $15.9 billones por mes, mientras que el promedio de gasto mensual entre enero y octubre ha sido cercano a los $26.5 billones, agrega la CARF.”

La precaria situación de caja que ya comienza a orientar las finanzas públicas por los linderos de la insolvencia se ilustra muy claramente en este informe de la CARF. “El saldo disponible en pesos de la tesorería se ha mantenido por debajo del promedio histórico buena parte del año, y esta situación se acentuará en la medida en que se genere un mayor rezago presupuestal de la vigencia de 2024 para ser ejecutado en 2025”.

Este secamiento de la caja explica lo que se está convirtiendo en una pesadilla diaria, que consiste en las frecuentes voces que se escuchan desde el palacio de San Agustín en el sentido de que no hay recursos disponibles para nada. El Gobierno Central se ha convertido en las últimas semanas en el deudor moroso más conspicuo de la economía colombiana. Le debe a la salud, a las comercializadoras de energía, a los contratistas públicos, a las universidades, al Icetex, en fin, a todo el mundo. Y mientras más subsidios anuncian mayor es la demora en honrarlos. Y mayor también el malestar de todo ciudadano.

El panorama que dibuja la CARF para el 2025 no es nada alentador tampoco. Las proyecciones “muestran que los ingresos programados por el gobierno presentan un alto grado de incertidumbre. Con la información disponible a hoy el CARF estima un riesgo de menores recaudos de por lo menos $33billones ($22.6 billones por menos gestión de la DIAN, $4.2 billones por menos base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba la ley de financiamiento)” que, de no ser aprobada, generará igualmente una congelación obligatoria de $12 billones en el presupuesto de la vigencia 2025.

Dos conclusiones gruesas resultan de esta sinfonía de alarmas del pronunciamiento #13 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

La primera, que tanto para la vigencia del 2024 como para la del 2025 se necesitan drásticos recortes en los programas de gasto público superiores a los $30 billones en cada año, si es que efectivamente se quiere cumplir con la Regla Fiscal y evitar las malas consecuencias que un quebrantamiento de esta norma acarrearía.

Y la segunda, que todo el sainete en que se enfrascó el gobierno empeñándose en que en el presupuesto del año entrante se incorporará como ingresos ciertos los famosos $12 billones de la Reforma Tributaria que aún son inciertos, no habrán servido para nada. La ley de presupuesto se quedó sin el debate parlamentario exigido por la Constitución y el decreto con en el que se expida el estimativo de ingresos y las autorizaciones de gasto para el 2025 no podrán incluir el producido del proyecto de ley de Reforma Tributaria que a estas alturas ni siquiera ha empezado a discutirse el Congreso.

En buen romance lo que nos está diciendo el CARF es que llegó la hora de la seriedad fiscal, de la información transparente, y que si se quiere cumplir con la Regla Fiscal hay que empezar por moderar desde ya el programa de gastos públicos.

PD: El gobierno anunció esta semana que expedirá un decreto de recortes en el presupuesto de la vigencia del 2024 por $28,4 billones. Este monto es inferior al que inicialmente se había anunciado por $ 33 billones.  El gobierno cree que con este recorte será suficiente para cumplir con la regla fiscal.  Veremos qué tan exacto y suficiente resulta el tijeretazo presupuestal del nuevo decreto.

El gobierno agrega que, en adición a los $ 28,4 billones del decreto, habrá una reducción adicional proveniente de apropiaciones autorizadas para el 2024 pero que no se comprometerán y por lo tanto se dejan expirar presupuestalmente. En cierta manera es igual a guardar debajo del tapete gastos públicos que ya no se ejecutarán.

Queda por definir de cuánto será el recorte que se hará para que en el 2025 se cumpla igualmente la regla fiscal.

A juzgar por el desplome que traen los recaudos se va a necesitar otro recorte del gasto igual o superior al que se está decretando en este agónico 2024.