Reforma de la justicia

El reciente nombramiento de Yesid Reyes como nuevo ministro de Justicia le impone varios retos, priorizar su labor en hacer que los ciudadanos tengan acceso a la justicia de manera más efectiva.

La reorganización a la tutela, al crear cargos para jueces y magistrados especializados que fallen exclusivamente este amparo constitucional, los que serán parte de la jurisdicción constitucional distribuidos en todo el país, con jueces que conozcan estos casos, quienes deberán antes de dictar sentencia, resolver los temas relativos a una posible vulneración de los derechos fundamentales, requisito sine qua non que implicaría nulidad de la sentencia, no procediendo este recurso contra sentencias de tutela dictadas por la Corte Constitucional, ni contra fallos de nulidad por constitucionalidad dictadas por el Consejo de Estado. Las tutelas ante las altas cortes, serán tramitadas por una sala diferente a la que emitió el primer fallo y éste será remitido a la Corte Constitucional para que sea eventualmente revisado. Siendo seleccionado, deberá resolverse en Sala Plena, recurso que deberá ser interpuesto por un abogado, debiéndose  resolver en 10 días y dejando como término para instaurar tutelas contra sentencias el de  4 meses contados a partir de la ejecutoria del fallo.

El Procurador sería elegido por el Senado de terna enviada por la Presidencia, el Fiscal saldría de una lista con seis nombres enviada por la Corte Suprema a la Presidencia, y la postulación y elección del Contralor sería de total competencia de la Cámara de Representantes. No habrá reelección de jefes de organismos de control.

El facilitar el acercamiento de la justicia a sus usuarios y blindarla de la despolitización, son objeto de esta iniciativa. En lo atinente a en este último punto, plantea cambiar la elección de magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y la creación de un Tribunal Disciplinario, que remplazaría a la Sala Disciplinaria de la Judicatura de la que se propone su eliminación. El acceso sería por concurso público de méritos adelantado por cada corporación, modificando las listas de elegibles que hoy elabora la Sala Administrativa de la Judicatura.  Exceptuando que esto no aplicará para la elección en la Corte Constitucional, que se mantendría incólume, dado que esa alta Corte merece su origen político por parte del Senado y postulación en la cual participen el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Plantea desaparecer la Judicatura y crear dos organismos: un Tribunal Disciplinario conformado por 9 magistrados y la Junta de Gestión de la Administración Judicial, de la que harían parte delegados de cada una de las cortes, teniendo entre sus funciones tomar medidas de descongestión e implementar la tecnología. Este Tribunal Disciplinario asumiría las investigaciones disciplinarias a magistrados.

Se crearía una Comisión de Aforados Constitucionales transformándose la Comisión de Acusación, la que al igual a la del actual organismo legislativo con funciones judiciales, estaría integrada por representantes a la Cámara. El Senado podrá conocer de las acusaciones en materia penal contra el Presidente, el fiscal o los magistrados de las altas cortes, cuyos casos sean llevados por la Cámara.

Ardua tarea le corresponde al nuevo Ministro de Justicia, quien deberá presentar tanto reformas constitucionales como leyes ordinarias al Congreso, de quien sabemos no será inferior a la coyuntura, pues como hijo del mártir de la justicia, Alfonso Reyes Echandía, maestro en  la doctrina y en la cátedra, connotado tolimense, tiene la casta y conocimiento para sacar adelante esta empresa institucional. Desde ya le auguramos éxitos en su gestión.