Con el asedio de la delincuencia en las ciudades, se escuchan voces que exigen mayor represión y que señalan a los jueces como responsables de dejar en libertad a los implicados.

En momentos de tensión social, defender la democracia exige actuar con inteligencia, para evitar que el miedo nuble la conciencia y abra caminos a reacciones autoritarias, como lo alerta Martha Nussbaum.

Los jueces no son los responsables de la delincuencia, ni su acción puede orientarse por criterios de reacción o conveniencia mediática. Las tareas de policía, inteligencia, investigación judicial y acusación criminal corresponden a otras autoridades, y determinan las decisiones de los jueces. Yerros o deficiencias en estas actuaciones, no pueden achacarse a la justicia, bajo la idea “los atrapamos y los jueces los sueltan”.

Justamente, respetar la ley constituye un valor insustituible en el que se fundamenta la convivencia. Pese a la criminalidad, la sociedad no puede responder con fuerza ilegítima, pues por esa vía se encaminaría a su disolución y aun cuando con toda razón, exijan los ciudadanos resultados de control y represión, las autoridades no pueden hacer a un lado el derecho para alcanzarlos.

Tampoco puede olvidarse que “la calentura no está en las sábanas”. El derecho penal no es el calmante para todos los males de la sociedad, ni en la aplicación de penas se puede centrar la solución de todo.

Aparte de pensar en incrementar penas y flexibilizar las condiciones para la detención preventiva, es necesario que se evalúen soluciones integrales y progresivas a una problemática social profunda, que parte de aspectos tales como la desintegración de la familia, la mala educación, la indisciplina, la informalidad y la pobreza. En una sociedad en la que se mata por un celular, algo muy grave ocurre, que no se superará solamente con incrementar el castigo penal a quien se sindica del delito.

Una plataforma de trabajo social que convoque a varios sectores administrativos en lo nacional y lo territorial, en frentes relacionados con la infancia y el apoyo a las familias, hasta el ámbito educativo y de acompañamiento en el empleo, se exige con prioridad, mediante acciones articuladas.

¿Será que la criminalización de conductas intrafamiliares ha generado los resultados esperados?

En este como en otros campos, se aprecia conveniente diferenciar en línea progresiva, respuestas contravencionales de reacciones penales, de tal forma que los implicados sean sujetos de medidas administrativas y, posteriormente, de responsabilidades punitivas. El delincuente de calle debería ser intervenido inicialmente con acciones policivas, de apoyo social y de responsabilidad cívica; su reincidencia en conductas criminales debería posteriormente comprometerlo como sujeto penal, sin atenuantes.

Más inteligencia y acción social preventiva, más comunicación entre el ciudadano y la policía, mayores redes de apoyo cívico.

Quizá sea momento para pensar en medidas cautelares y penas diferentes, como las que impactan el patrimonio de los responsables, así como en penas que impliquen realizar tareas públicas y servir al fin resocializador.

Transformar el sistema carcelario es un imperativo ético. La sociedad tolera el hacinamiento de las cárceles y ahora de las URI. Esos centros de formación para el crimen deben transformarse. Los entes territoriales deben asumir los sitios de reclusión preventiva, como lo ordena la ley.

Incluir un artículo penal en todas las leyes no es la fórmula. Es tiempo de evaluar los resultados del sistema penal acusatorio y ajustarlo a las realidades y necesidades del país.

La política de seguridad ciudadana es la oportunidad para construir autoridad democrática, a partir de mayor disciplina social. Que no se convierta en anuncio de fuerza, que legitime el autoritarismo y haga peligrar la democracia.