Samuel Hoyos Mejía | El Nuevo Siglo
Martes, 20 de Octubre de 2015

SIN MESURA

Abuso del poder

El  gobierno Santos ha sido abusivo en el ejercicio del poder y en el manejo de los recursos, ha logrado cooptar el Congreso, las cortes, órganos de control y hasta medios de comunicación. Le ha servido para tomar decisiones sin control y sin el debido sometimiento al escrutinio de la opinión pública, han utilizado el Estado para satisfacer intereses personales y para perseguir a los opositores que pretenden impedirlo. Sus abusos le han permitido manipular elecciones y adelantar reformas que, respetando las reglas del juego, serían rechazadas. Ese estilo de gobierno se ha transmitido a sus subalternos y a gran parte de la clase política que controla.

La reciente salida de límites del ministro del Interior Juan Fernando Cristo y las acciones que llevan adelante, tanto el vicepresidente de la República como el alcalde de Bogotá, muestran a los dirigentes con control sobre el Estado, abusando de su capacidad de decisión y de los fondos públicos. Buscan manipular la intención electoral, afectando no solo a quienes no son parte de sus facciones políticas sino, además, transgrediendo un sentido elemental de pulcritud en el manejo de los dineros de todos los ciudadanos y de la necesaria mesura que obliga la actitud de respeto al país.

Las críticas de integrantes de partidos de gobierno al vicepresidente Germán Vargas Lleras, nos hablan de las fisuras que existen en la Unidad Nacional, bancada que disfruta de los favores del presupuesto nacional. Pero también nos habla de la manera como se distribuyen los recursos de las grandes obras públicas, junto con la orientación para la asignación de viviendas construidas con los recursos del Estado. Las denuncias y llamados que se han hecho a través de los medios de comunicación revelan las posiciones de campaña presidencial tres años antes de elecciones.

En lo inmediato, el desfase del ministro Cristo al intervenir en política invitando o presionando a los ciudadanos a votar por los candidatos oficialistas, es un grosero llamado al beneficio sectorial propio y una amenaza velada a quienes no coinciden con la orientación del Gobierno. En el complemento, el alcalde de Bogotá ejerce presión de maquinaria para amansar a los contratistas y funcionarios del Distrito, con el fin de dirigir el voto hacia la candidatura local del Polo Democrático.

Como de ellos es difícil esperar un comportamiento ético y transparente, hace falta regular y castigar esas presiones y abusos. Mucho se asemeja este cuadro de situación, y es preanuncio para Colombia, de lo que llevan adelante contra la democracia administraciones como la de Nicolás Maduro, quien dice a sus seguidores que las cercanas elecciones en Venezuela deben ganarse “como sea”; vale decir, por encima de toda norma y forma que exige la transparencia necesaria para que una democracia funcione como tal.