Sexo constitucional

Hace  un par de días, La Corte Constitucional le ordenó a una EPS realizar una operación de cambio de sexo a una joven llamada Julián, que, tras ser diagnosticada con trastorno de identidad sexual o de género, interpuso una tutela al considerar que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Según La Corte, la ausencia de falo, le vulnera su derecho a la identidad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud. Así, ante la demanda de un trastorno, los colombianos nos vemos obligados a pagar la dotación de Julián.

Pero el problema no es Julián -hoy “hombre”-, creo que el verdadero trastorno lo sufren los magistrados de la Corte, para quienes el Estado es un barril sin fondo y la magistratura una oportunidad para hacer política.

Esto es herencia de Carlos Gaviria Díaz, de Jaime Araujo y de José Gregorio Hernández quienes salieron a buscar votos con sus fallos en la mano y, sin importarles la realidad ni los costos, obligaron al Estado a asumir una serie de cargas que lo hacen inviable. Para estos dogmáticos, que se creen de avanzada por haber leído jurisprudencia sueca, el Estado es culpable si alguien se cae en una bicicleta, si se quema la lengua tomando sopa o si Julián esta inconforme con sus genitales.

A nadie le sorprende si el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo cobra millonarias indemnizaciones al Estado por muertos que están vivos, como en el caso de Mapiripán; o si Iván Cepeda considera al Ejército una estructura criminal para meterlos presos; o si las Farc destruyen pueblos, finalmente esa es su misión, el fracaso del Estado. Pero en cambio, resulta incomprensible que sea desde la misma institucionalidad desde donde se gesta su propia ruina.

La garantista y soñadora Constitución del 91 creyó que a través de artículos se modificaba la realidad, que a partir de entonces ya nadie padecería la condición de colombiano, pero acá siguió la pobreza, la violencia, las enfermedades.

Y mientras estos grandes juristas hacen de Colombia un país moderno y a la vanguardia en derechos sociales, los verdaderos sacrificados de sus sentencias “progresistas” serán los niños que se mueren de hambre o en los hospitales cuando no hay plata para un trasplante de corazón o para un tratamiento contra el cáncer, condenados al analfabetismo y a ser colombianos para que Julián pueda vivir como en Suecia y para que los magistrados puedan recibir su millonaria pensión.

@shoyos

*Profesor Universidad Sergio Arboleda y U.D.C.A.