Más de 60 años de terror
Enhorabuena se dan a conocer los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y los terroristas de las Farc. 21 páginas recogen los pactos que no dicen absolutamente nada precisamente porque lo dicen todo.
Quienes con detenimiento hemos analizado punto por punto lo convenido en La Habana y hemos realizado un riguroso seguimiento a las conversaciones de paz vemos con buenos ojos la publicación de los avances pero, sobre todo, avizoramos que el desmonte del “letrero” o de la marca “Farc” es una posibilidad real.
La publicación de estos acuerdos dice mucho. De hecho, dice mucho más de lo que ellos mismos contienen: dice, por ejemplo, que las conversaciones son lentas y los terroristas le sacan cada vez más ventaja a ellas. Lo hicieron, por ejemplo, en el proceso electoral pasado y lo seguirán haciendo en las elecciones regionales y locales del próximo año. Vuelven a evidenciar que ese grupo terrorista nunca tuvo un móvil legitimante de sus pavorosas actuaciones pues aterrorizaron al planeta Tierra por causas y pretendidas reformas que bien se pueden alcanzar por decreto, ni siquiera se necesita una ley para ese propósito y mucho menos una reforma constitucional.
Patentiza la pobreza de un Estado que quiere hacerlo todo pero cuya sociedad no reporta los recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo. Se trata de un Plan de Desarrollo a cuatro décadas sin contar con los recursos necesarios para ejecutarlo. Con todo, las intenciones son loables.
Sin embargo, lo más importante es que se destapó, por fin y a tiempo, la paz que se está negociando. No se está negociando la paz entendida ella como el desarrollo de la comunidad pues la riqueza, prosperidad y equidad no se hace por decreto, acuerdos o constituyentes. Tampoco la paz jurídica que obliga a una reforma constitucional pues los acuerdos no están, ni de cerca, refundando una patria. Tampoco la paz entendida como ausencia de conflicto, pues éste seguirá en cuanto perdure el negocio del narcotráfico.
La paz que se está negociando es el desmonte de la marca “Farc” a cambio de, tal vez, impunidad de los cabecillas, quizá de una pequeña condena o, quien sabe qué hay de por medio.
De hecho, lo que resta de la negociación es lo más importante precisamente porque se trata de saber lo que el Gobierno va a ceder a cambio de la marca.
De cualquier manera, el solo hecho de desmontar la marca vale la pena, siempre y cuando se respete el ordenamiento jurídico internacional. El esfuerzo, así entendido, es plausible y merece todo nuestro apoyo.
*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI