País de pacotilla
Así nos bautizó la CIDH cuando decidió las medidas cautelares a favor del Dr. Petro. Bastaría saber lo elemental para concluir que ese organismo internacional NO tenía ni competencia ni razones para decretar esas excepcionales y preventivas medidas. Sin embargo, con esa decisión asumió que Colombia es un país que ni siquiera puede administrar justicia (servicio público esencial de cualquier pueblo civilizado); que es tan poca cosa que incluso sus altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) son incapaces de administrar seria, pronta y cumplida justicia y que el discernimiento judicial es pobre, insuficiente, politizado e injusto. En suma, que este es un país de pacotilla, no viable, incapaz de proteger la vida de sus ciudadanos inclusive “cuando ellos están amenazados por las decisiones disciplinarias del Ministerio Público”.
Existe un fuerte debate entre los internacionalistas en lo que se refiere a la competencia de la CIDH sobre esta materia (ver columna del jurista Rafael Nieto Navia en este medio de esta semana), sin embargo, más allá de la técnica jurídica (imprescindible en estos juicios) ese alejado organismo debe actuar de manera subsidiaria, únicamente cuando la justicia ordinaria colombiana no opera; opera insuficientemente o tardíamente. Para que la CIDH pueda operar tiene que declarar que en Colombia NO existe justicia que es lo mismo a advertir, en el argot político, que este es un país de pacotilla, inviable y sin sus elementos esenciales.
Con esa decisión el nombre del país quedó en entredicho, el de nuestras instituciones, el de nuestra justicia, el de cada colombiano de bien que todavía cree en la viabilidad política de nuestra nación, nuestra soberanía política y judicial, el nombre de una nación que a punta de sangre alcanzó su libertad para forjar su propio camino. Todo eso y si cabe más, quedó en entredicho.
Todo está ahora en las manos de nuestro Presidente quien en su condición de Jefe de Estado tendrá que decidir si hace valer la Constitución Política ergo, la soberanía popular, o si se arrodillará ante la más infame, injusta e ilegal decisión que jamás organismo alguno internacional hubiese podido proferir.
Señor Presidente: conocemos su talante y manera de gobernar. Se la respetamos y lo respetamos pero en esta ocasión, ciertamente, no hay lugar para vaguedades, tibiezas y conductas pusilánimes. Más que una destitución cualquiera, en sus manos está la Dignidad de una Patria que todavía y a pesar de sí misma se quiere seguir catalogando como tal. ¡Defiéndala!
*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI