¡Basura!

¡Basura!  Así se refirió ayer Don Gilberto, taxista de Bogotá, sobre el alcalde Petro a propósito del caos institucional y de desgobierno por el que atraviesa nuestra ciudad.

Es que el exterrorista decidió, ilegal e inconstitucionalmente, establecer un monopolio no rentístico sobre el servicio público esencial de las basuras.

Como nuestro burgomaestre no aprendió a leer por estar sumido en el negocio de la mafia, de los secuestros, de la extorsión, de la violencia y de la muerte durante los más provechosos y productivos años de su vida, desconoció, -consciente y deliberadamente-, que el artículo 336 constitucional prohíbe los monopolios, excepción hecha de aquellos que el legislador permite en casos excepcionalísimos y para asuntos rentísticos.

Su actuación es, pues, amén de arbitraria y francamente caprichosa, inconstitucional e ilegal. La Constitución Política que juró defender, no solamente incorpora derechos fundamentales progresivos sobre los que tanto alardea el Alcalde, sino deberes y obligaciones de imperativo cumplimiento, como el de no establecer monopolios por vía administrativa y sin permiso del legislador.

El exterrorista volvió a prevaricar, esto es, a delinquir, desde su escritorio de gobierno y sin sonrojarse. Violó la ley de libre competencia y la Constitución Política sobre monopolios. Pero, también, violó el Código Disciplinario Único que les ordena a los servidores públicos no actuar en contra y por encima del ordenamiento jurídico vigente.

Pero, como si lo anterior fuese insuficiente, el primer mandatario de la capital de Colombia, desconoció y, por qué no decirlo, confrontó los controles de advertencia elevados por los organismos de control y, allende ello, se pasó por la faja la advertencia liminar y precautelativa del Superintendente de Industria y Comercio sobre la evidente vulneración de los derechos adquiridos de los concesionarios de basuras y la violación al régimen de la libre y sana competencia.

Las tesis comunistas son tan respetables como cualquiera otra siempre y cuando respeten el Estado Constitucional de Derecho al que todos, sin excepción, estamos sometidos.

De manera que, por triste que parezca, el exterrorista no podía hacer lo que en últimas implantó a pesar de tener unas cuantas minorías de respaldo y de escudarse en su reciente enfermedad mental.

A la cárcel, o cuando menos, en la destitución in límine, deberá someterse. Esperemos que en esta oportunidad la justicia no se escabulle y le haga frente a semejante criminal de antaño.

*Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI