Rodrigo Pombo Cajiao* | El Nuevo Siglo
Jueves, 14 de Mayo de 2015

ESQINA AZUL

Farc: terroristas

Desde que los rebeldes españoles instauraron las guerras irregulares o de guerrillas a principios del siglo XIX para enfrentar a los invasores franceses en ausencia de voluntad, capacidad y mando del rey Fernando VII, se ha dado por sentado que la fuerza de ellas (las guerrillas) no reside en su capacidad bélica, en su armamento, condiciones operativas o pie de fuerza, sino en el apoyo político y popular que reciben.

Todos esos elementos resultan importantes a la hora de generar daño pero nunca pueden compararse con los que le permiten su verdadera subsistencia y razón de ser, a saber, la legitimidad política. Esa legitimidad se alcanza a través de distintas vías o medios pero hay unos que sobresalen entre los demás. Allí, en ese grupúsculo de legitimadores del terrorismo se encuentran fallos judiciales. Decisiones de los más altos dignatarios del servicio público pueden desestabilizar la historia así como la moral comunitaria so pretexto de aplicar la ley en ausencia de cualquier atención a la justicia.

De nada sirve entones que después de varios años de tortuoso proceso de negociaciones con las Farc, el gobierno Pastrana haya alcanzado la más notable victoria contra el terrorismo al conseguir que la comunidad internacional las catalogara como lo que son, como verdaderos terroristas y que su popularidad llegara a niveles irrisorios (menos del 2%), si con una providencia judicial, -producida por un puñado de dudosos magistrados, en el seno de una colegiatura altamente cuestionada por sus calidades intelectuales y éticas-, se valora a susodicha organización como subversiva u opuesta a un régimen pero nunca, claro está, como terrorista.

De nada sirvió entonces el gigantesco esfuerzo que como nación emprendimos todos los colombianos bajo la era Uribe para demostrarle a la historia que sí se puede imponer el Estado de Derecho sin más cortapisa que la de hacer valer la ley, sin miramientos, sin preferencias y sin distinciones, si mediante una sentencia judicial se impone la tesis de que todas las formas de lucha, incluso aquellas tan perversas como los actos de terror, son factores legalmente válidos para hacer valer una cosmovisión o imponer un credo político.

De nada sirve ni servirá nunca que se persiga el delito si él halla su límite en el terror. La enseñanza será simple: el delito se persigue y se castiga siempre y cuando éste no alcance una entidad lo suficientemente grande que logre arrodillar a una comunidad política a través de los cauces del terror pues esos actos, dirán sus cómplices, no son delincuenciales, terroristas o criminales, sino simples actos de beligerancia y rebeldía política propios de “un conflicto armado”.

*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI