La ley antidiscriminación
Si usted cree que nuestros deportes nacionales son el fútbol y el ciclismo, se equivoca. Son modificar la Constitución (reformada 32 veces en 21 años) y el Código Penal (37 reformas desde el 2000), sin contar lo que nos sube pierna arriba. Se juegan entre la Casa de Nariño, el Capitolio y la Corte Constitucional, con algunos medios que se venden por un plato de lentejas como fanáticos. Y allí le meten goles al pueblo colombiano sin que se dé cuenta.
Si los padres de la Patria leen estas reformas no lo sé pues no leyeron la fracasada reforma a la justicia.
Una de las reformas al Código Penal es la Ley 1482 de 2011 que convierte la discriminación por raza, etnia, nacionalidad, sexo y orientación sexual en un delito que puede tener más de cuatro años de prisión. Desde 1965 hay Convenciones de Naciones Unidas enderezadas a luchar contra la discriminación por raza, etnia o género o condenar el apartheid. No le quepa duda de que en Colombia se discrimina por esas razones. Causa hay para esta ley.
Pero si cree que se trata de proteger a los afrocolombianos o nivelar los salarios de hombres y mujeres y cosas por el estilo, se equivoca de nuevo. El tipo penal da para que si usted dice “merienda de negros” o “trabajo como un negro” lo metan a la cárcel.
Además, la liebre salta por donde menos se la espera. Uno de los primeros casos que maneja la Fiscalía es una denuncia penal de un columnista de El Espectador contra monseñor Juan Vicente Córdoba porque en una carta pastoral se refirió a la adopción de niños por un homosexual extranjero, defendió la estructura familiar formada por un hombre y una mujer y dijo que “es necesario, abandonar el letargo para defender, con vigor y coherencia, la vida y la familia, los derechos de los menores”,y porque en entrevistas dijo que “si hay papás heterosexuales que abusan de hijas, e incluso de hijos, con mayor razón le da a uno miedo con un señor homosexual... Es muy difícil que si yo tengo diabetes y me ponen a vivir en una dulcería, no caiga”. También dijo que la Iglesia considera a los homosexuales “como (…) hijos de Dios con todos los derechos y deberes. No son enfermos, sino que tienen un desorden de orientación de identidad de género, de rol sexual”.
Para el denunciante, Monseñor “manipulando la fe del pueblo colombiano lo incita a que se abstenga de acatar” los pronunciamientos de la Corte Constitucional, “instiga a la comisión de actos que causen daño físico o moral a la comunidad LGTB” y considera que “los homosexuales somos una plaga enferma y destructiva”. Nada de eso es cierto, por supuesto, pero ya un fiscal llamó a Monseñor a interrogatorio.
¿Dónde queda el derecho de un obispo de opinar y difundir su fe religiosa?
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Coda: “¡Los que por esta puerta entráis, perded toda esperanza!”, Dante, El Infierno.